Presidente Piñera declara posición de Chile sobre Pacto Migratorio de Marrakech
14 DIC. 2018
S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, declara posición de Chile sobre Pacto Migratorio de Marrakech
Muy buenas tardes:Nuestro Gobierno promueve y está comprometido con una migración segura, ordenada y regular.
¿Qué significa esto? Que Chile tenga una política de puertas y brazos abiertos para recibir y acoger a aquellos migrantes que vienen a Chile a iniciar una nueva y mejor vida, pero con la firme intención de respetar nuestras leyes, empezando por la Ley de Migración, a incorporarse a nuestra sociedad y a aportar al desarrollo de nuestro país.
Pero también significa que Chile tenga una política de puertas cerradas para evitar que ingresen a nuestro país, aquellas personas o grupos que vienen a causarnos daño como, por ejemplo, bandas de delincuentes, crimen organizado, narcotraficantes o grupos de trata de personas.
También creemos que toda persona tiene derecho a salir de su propio país, pero con la misma fuerza creemos que todo país tiene derecho a decidir cómo y bajo qué reglas, ingresan a nuestro país los que quieran venir como migrantes.
Este principio a veces coincide y a veces entra en contradicción, y un Presidente siempre tiene que privilegiar los intereses de Chile y de los chilenos.
Pero, además, por supuesto, los derechos humanos son universales y, por tanto, deben ser respetados y protegidos para todos, incluyendo todo tipo de migrantes, regulares o irregulares, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia.
Quiero también afirmar que cuando asumimos nuestro Gobierno, la situación migratoria en Chile reflejaba, en nuestra opinión, un desorden alarmante. Durante el Gobierno de la Nueva Mayoría, cerca de 700 mil personas ingresaron a Chile como turistas, cientos de miles de ellos con la clara intención de quedarse en forma irregular o engañados por verdaderas mafias de tráfico de personas, que les prometían cosas que nunca cumplieron. Al 11 de marzo de este año había en Chile más de 250 mil migrantes irregulares.
Y por esa razón, una de las primeras emergencias y desafíos que asumió nuestro Gobierno fue poner orden en nuestra casa.
De esta manera, logramos avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular. Y por eso iniciamos un proceso extraordinario de regularización de migrantes, excluyendo a aquellos que tenían antecedentes penales, al cual ya se han incorporado, en estos meses, más de 155 mil migrantes que están en proceso de regularizar su situación.
También derogamos la Visa Temporaria por razones laborales, que había generado más de 45 mil documentos falsos, engañando a nuestro sistema.
Creemos también que es importante perfeccionar nuestra Ley de Migración, que data del año 1975. Por eso, durante nuestro primer Gobierno, enviamos un proyecto de ley para modernizarla, para perfeccionarla, y hoy día estamos fortaleciendo ese proceso, a través de un conjunto de indicaciones que establecen requisitos de ingreso de migrantes claros y procedimientos administrativos eficaces, para lograr esa migración segura, ordenada y regular.
Con respecto al Pacto de Migraciones de Marrakech, nuestro Gobierno -tal como lo anunció el Canciller- decidió no adoptar el Pacto de Migraciones de Marrakech. Y por razones muy profundas, porque contradice algunos de los principios de nuestra propia política de migración y porque no resguarda adecuadamente los legítimos intereses de Chile y de los chilenos.
Nuestra decisión se fundó en tres razones fundamentales:
Primero, el Pacto de Marrakech indudablemente incentiva la migración irregular, al fomentar el trabajo informal, al promover el ingreso de los denominados “inmigrantes vulnerables”, al dificultar la detención de migrantes irregulares y al otorgar acceso a pensiones a estos migrantes, sin que cumplan con los requisitos de nuestro país. Y al hacer difusa la distinción entre migrantes y refugiados, y la distinción entre migrantes regulares y migrantes irregulares, lo cual, sin duda, perjudica la situación de los refugiados que sufren persecuciones en sus países y la situación de los migrantes regulares, que ingresaron a nuestro país respetando nuestras leyes.
Segundo, el Pacto de Marrakech introduce nuevos deberes para los Estados, incluyendo los Estados firmantes como, por ejemplo, el tener que revisar nuestra legislación, nuestras políticas públicas, nuestros actos administrativos, y el tener que promover la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales o regionales.
Y, adicionalmente, establece como deber del Estado el crear condiciones para el desarrollo económico y social de aquellos migrantes que son expulsados de un determinado país, de tal forma que una vez que hayan retornado a su país de origen, el Estado que los había recibido, y que los había expulsado, tiene la obligación de preocuparse de su protección social, asistencia psicológica y oportunidades de empleo en el país de origen.
Tercero, el Pacto de Marrakech limita el derecho soberano de todo Estado a decidir cómo resguardar sus fronteras, quién y bajo qué condiciones puede ingresar a su territorio, y a quiénes otorgar beneficios.
Si bien el Pacto de Marrakech dice en su texto que no es vinculante, es evidente que si un país -y especialmente un país serio y responsable como Chile- adopta ese Pacto, se compromete con su espíritu y con su contenido.
De hecho, el Pacto de Marrakech utiliza 86 veces la palabra “compromiso” y 15 veces la palabra “deber”, y adicionalmente la experiencia nos ha demostrado que este tipo de pactos puede y ha tenido efectos políticos y jurídicos, porque estos instrumentos conocidos como “Soft Laws”, son muchas veces utilizados por instancias internacionales, incluyendo tribunales internacionales para exigir su cumplimiento o pretender derivar de ellos obligaciones jurídicas de parte de los Estados que adhieren a esos pactos.
Yo he escuchado algunas críticas respecto de la posición de nuestro Gobierno y quisiera responderlas en forma muy directa y muy franca.
Algunos han sostenido que la decisión del Gobierno en materia de no adherir a este Pacto, sería contraria a una política de Estado en materia de relaciones exteriores. Sin duda, en Chile hemos tenido una larga y hermosa tradición de políticas de Estado en las grandes materias de las relaciones internacionales. Chile, sin duda, ha tenido esta tradición y nuestro Gobierno valora, respeta y aplica esta tradición, como lo hemos hecho en los casos de los juicios ante la Corte Internacional de La Haya, en que hemos consultado y buscado acuerdos con todos los distintos sectores de nuestro país; como lo hemos hecho en materia de decisiones relativas a la mantención de la paz, la seguridad internacional y el respeto a las democracias y los derechos humanos; y como lo hemos hecho respecto a los grandes temas del derecho internacional, como por ejemplo, nuestro compromiso con el cambio climático y el calentamiento global, y en muchas otras instancia.
Sin embargo, en nuestra opinión, la forma en que Chile norma o regula su política migratoria, es un asunto de carácter esencialmente interno, sin perjuicio de la colaboración internacional, y no forma parte -en consecuencia- de una política de Estado. La mejor prueba de esto es que nosotros, cuando estábamos en la oposición, nunca fuimos consultados, y además siempre discrepamos y en forma muy profunda de la política de migración que aplicó el Gobierno anterior, que significó el ingreso a Chile de cientos de miles de inmigrantes irregulares, y que sin duda esa situación fue conocida, promovida o tolerada por el Gobierno anterior y que afectó profundamente los intereses de todos los chilenos.
Otros han sostenido que la decisión de nuestro Gobierno respecto al Pacto de Marrakech se apartaría del multilateralismo que ha practicado nuestro país. Nuestro Gobierno cree firmemente en las bondades del multilateralismo, por eso participamos activamente en prácticamente todos los foros internacionales. Sin embargo y como es evidente, el multilateralismo jamás puede significar la obligación de tener que suscribir todos y cada uno de los acuerdos, pactos o declaraciones que surjan de organismos multilaterales, porque es de la esencia del multilateralismo que cada país tiene el derecho a ejercer libremente sus decisiones de adscribir o adherir a esos acuerdos, o simplemente decidir no hacerlo.
Chile cree y está comprometido con el diálogo y la colaboración internacional, porque queremos y estamos avanzando hacia una migración más segura, más ordenada y más regular. Queremos que ocurran en el mundo y también que ocurra así en nuestro país.
Sin embargo, como Presidente de Chile y en el resguardo del interés de nuestro país y de todos nuestros compatriotas, no puedo apoyar un texto que, por las razones antes mencionadas y después de un profundo y exhaustivo análisis, considero que lesiona y no resguarda el interés de Chile y los chilenos, que incentiva y pone el foco en la migración irregular, que facilita la promoción de derechos no reconocidos, que establece nuevos deberes para el Estado de Chile, y que dificulta el resguardo de nuestras fronteras, limita nuestra soberana capacidad de tomar decisiones en materia de migración, pensando siempre en el interés de Chile y de todos los chilenos.
Por eso, hoy estamos impulsando y enriqueciendo con nuevas indicaciones el proyecto de Ley de Migración que presentamos durante nuestro primer Gobierno, y que es tan importante para la calidad de vida de todos los chilenos.
Y estamos convencidos que estos temas deben discutirse principalmente en Chile y en Valparaíso, y no solamente en Marrakech o en Nueva York.
Por todas estas razones, como Presidente de Chile, cumpliendo con mi deber de conducir las relaciones internacionales y pensando sólo en el interés de Chile y de los chilenos, he decidido no adoptar el Pacto de Marrakech.
Muchas gracias.
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