Presidente Piñera lanza agenda de simplificación regulatoria
15 ABR 2019
S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado de los ministros de Economía, José Ramón Valente, y de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, lanza la agenda de Simplificación Regulatoria.
Muy buenos días:En muchos aspectos de la vida, y particularmente en lo que se refiere a regulaciones y burocracia, muchas veces, “menos es más”.
Yo sé que la sabiduría popular tiene dichos que son contradictorios: “menos es más”, apunta en una dirección; “lo que abunda, no daña” apunta en otra dirección. Pero en este caso, el exceso de regulaciones, el exceso de reglamentos, muchas veces contradictorios que se sobreponen, no hace bien, sino que causa daño.
Y por eso, la filosofía para simplificar el funcionamiento del aparato del Estado, y hacerlo más amigable, más cercano y más comprensible para la ciudadanía, es “menos es más”.
Por eso, hemos decidido limpiar, simplificar y achicar la verdadera maraña de normas, regulaciones y disposiciones que afectan prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano, y que muchas veces no tienen justificación, están ahí porque nadie se ha preocupado de derogarlas y terminan ahogando y reprimiendo la capacidad de innovar y emprender, que vive en el alma de todos los chilenos.
De hecho, la OECD determinó que Chile es uno de los países con mayor complejidad en sus procesos regulatorios de todos los miembros de esa organización. Tenemos en Chile más de 300 mil normas, leyes, decretos y regulaciones que, de acuerdo, a nuestro orden jurídico se presumen conocidos por todos los ciudadanos. Y, sin duda, fueron creados en algún momento, pero desafían la ley de la mortalidad y cuando dejan de ser necesarios, sobreviven, y empiezan a causar daño y empiezan a hacer más difícil la vida de los ciudadanos, especialmente en su relación con el Estado.
Muchas de estas normas, además, son poco claras, son ambiguas, se contradicen, se sobreponen y todo eso, en lugar de ayudar a crear más trabajo y más emprendimiento -salvo el trabajo de los abogados- hacen justamente lo contrario.
Por eso, ese estudio de la OECD, que mencionaba, señala que, si Chile pudiera simplificar sus procedimientos de acuerdo a lo que han logrado en promedio los países de la OECD, eso significaría un aumento de hasta un 50% en la inversión extranjera, y también un aumento muy significativo en la inversión nacional.
Y por eso no es solamente la inversión, es la actividad, es la innovación, es el emprendimiento, es algo muy importante para que cada persona pueda desarrollar sus talentos en lo que es útil y necesario para el país, y no simplemente en llenar papeles o cumplir normas burocráticas.
Una de las grandes quejas de los empresarios, grandes, pequeños y medianos, y muy especialmente de los emprendedores, es que tienen que cumplir con un tal cúmulo de normas que prácticamente eso agota su gran parte del tiempo, que debieran estar destinando a crear, a innovar, a satisfacer mejor las demandas de los consumidores. Y que, además, esa maraña de normativas genera una permanente incertidumbre, porque como dije antes, muchas veces son contradictorias, son ambiguas o se sobreponen.
Por todas estas razones, estamos tomando un paso adelante para pasar del diagnóstico a la acción. De hecho, según el Artículo 7 de nuestro Código Civil, “toda norma se considera conocida por la ciudadanía". ¿Quién puede conocer 300 mil normas, 20 mil leyes? Y eso es algo que significa, en el fondo, quitarles a los ciudadanos el derecho a conocer las normas que los regulan.
En Chile tenemos más de 20 mil leyes, más 300 mil normas, y eso, sin duda, comparado con cualquier patrón, tanto internacional como histórico, es excesivo.
Lo que estamos haciendo hoy día es un primer paso en la dirección de simplificar nuestro sistema de leyes y de normas, derogando 100 leyes con la Iniciativa que firmamos hoy en día. Y esto no es algo que se va a hacer por una vez: vamos a ir sistemáticamente y periódicamente derogando leyes que, de acuerdo a nuestro análisis y a nuestro juicio, no tienen ninguna razón de sobrevivir.
Se derogan leyes que están obsoletas, se derogan leyes que significan regulaciones excesivas, se derogan leyes que simplemente no están de acuerdo al marco jurídico del siglo XXI y obedecen a un tiempo que ya pasó. Muchas de ellas no están operativas, pero sobrevivían, son obsoletas, pero sobreviven, y otras quedaron totalmente derogadas simplemente por el paso del tiempo. Además, estas leyes -cuando sobreviven- pueden ser mal utilizadas en el futuro: los famosos resquicios legales que conocimos en alguna época de nuestra historia.
Por eso, el derogarlas es parte del proceso de modernización de nuestro Estado.
Dentro de estas primeras 100 leyes que estamos derogando, hemos escogido aquellas que simplemente no tenían ninguna razón de ser. Son muchas, pero si ustedes quieren y tienen el tiempo de analizarlas, se van a dar cuenta que esas leyes no deben seguir en nuestro orden jurídico.
Hay leyes que fijan normas o procedimientos de productos que ya no existen, hay leyes que fijan normas y procedimientos para servicios que ya no existen, hay normas que establecen al Presidente de la República la obligación de fijar semanalmente los impuestos de aduana. Eran otros tiempos, hoy día los impuestos de aduana están fijados por ley y, por tanto, el Presidente ya no tiene esa facultad; sin embargo, es una ley que le otorga y le exige el cumplimiento de esa facultad.
Además de eso, dentro de las próximas leyes que vamos a derogar, hay algunas que hacen alusión a la raza, o que creaban tribunales que ya no existen, o que establecían superintendencias que ya desaparecieron. Y por eso es bueno ir simplificando y adecuando para que nuestro sistema jurídico -leyes, reglamentos, decretos- sea más simple, más asequible, más comprensible y, por tanto, den un marco de mayor eficacia y certeza jurídica.
Pero este proyecto no solamente busca derogar ciertas leyes, sino que, también, busca prevenir para que este mal no siga continuando en el futuro, estableciendo un mecanismo que nos va a permitir generar una institucionalidad permanente, que continúe con la tarea de alivianar la normativa vigente, pero, también, tome precauciones para que esta mala tendencia no se repita en el futuro.
Y es por eso que se estableció como requisito para presentar un nuevo proyecto de ley, que ese proyecto de ley identifique qué normas, qué leyes o qué decretos deben de ser derogados, en virtud de la propia lógica del proyecto de ley que se presenta, y no que haya un nuevo proyecto de ley, pero que no deroga aquellos que debió haber derogado. Y entramos a la discusión si está tácitamente derogado o no está tácitamente derogado, y eso judicializa muchas de las causas y produce muchos problemas y mucha ineficacia en el funcionamiento de una sociedad.
Se crea un plan de revisión y derogación, que cada 4 años debe examinar las leyes vigentes, para adecuarlas o para proponer su derogación al Congreso Nacional, y esto con la colaboración de varios Ministerios que participan de este proceso, incluyendo los Ministerios de Justicia y Economía. Los menciono porque están aquí los Ministros; hay otros Ministerios que también están considerados, pero porque no están los Ministros, no los menciono.
Finalmente le entrega, también, a la Biblioteca del Congreso Nacional la facultad legal de poder publicar las ediciones oficiales de la Constitución Política y de los Códigos de la República, poniéndolos a disposición, en forma gratuita y expedita, de toda la ciudadanía en formato digital; cosa que, hasta el día de hoy, no era una facultad que tuviera la Biblioteca del Congreso Nacional.
El problema, como dije antes, no son solamente las leyes, sino que, también, un conjunto de otras disposiciones de menor rango. Más de 300 mil normas, de las cuales algunas son leyes, pero la inmensa mayoría son decretos, reglamentos u otro tipo de disposiciones.
Por eso, hoy día hemos firmado dos instructivos presidenciales. Uno para promover las buenas prácticas regulatorias, con directrices claras para ver cómo deben hacerse los reglamentos. Y aquí hemos seguido la experiencia de la OECD y de los países que tienen liderazgo en esta materia en el mundo.
En la formulación de reglamentos, decretos, circulares y otros se debe señalar expresamente las normas reglamentarias que deben modificarse o derogarse en función de esa nueva normativa; y en la propuesta de reglamentos especificar expresamente que cada 4 años, de entrado en vigencia el reglamento, debe haber una evaluación para ver si cumplió los objetivos para lo cual fue diseñado, y si no fuera así proceder a las correcciones que correspondan.
También va a contemplar un periodo de consulta pública durante la etapa de elaboración y modificación de reglamentos, decretos y circulares para permitir el aporte y la participación ciudadana porque, muchas veces, son los afectados los que mejor saben dónde les aprieta el zapato.
Y el segundo instructivo que hemos firmado hoy, obliga a realizar un análisis del impacto regulatorio al momento de elaborar y emitir una nueva normativa, que deberá estar contemplado en el informe del impacto regulatorio, de forma tal, las leyes podamos anticipar -o los reglamentos- cuáles van a ser los efectos que pueden producir y que eso sea conocido por parte de la autoridad del Congreso en caso de leyes, o la autoridad correspondiente en caso de otro tipo de disposiciones al momento de emitirlas.
Yo estoy convencido que estas propuestas representan una contribución muy importante para que Chile siga en marcha. Estamos en un mundo difícil, en los últimos meses los organismos internacionales, la OECD, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial han bajado cuatro veces la proyección de crecimiento del mundo.
Sin duda, que para un país pequeño e integrado al mundo esto nos afecta, pero eso no es excusa para simplemente cruzarnos de brazos y esperar que vengan los buenos vientos, tenemos que aprender, también, a tomar los remos y a poner las velas donde sopla el viento.
Y estas disposiciones apuntan precisamente en esa dirección. Simplificar, hacer más comprensible, desburocratizar, facilitarles la vida a los ciudadanos, a las Pymes, a las medianas empresas, a las grandes empresas, a los innovadores, es parte de la tarea de un buen gobierno.
Quiero también aprovechar de reconocer y apreciar -no sé si agradecer- la aprobación de la idea de legislar de la Modernización Tributaria.
Estamos convencidos -como por lo demás lo han dicho expertos de todos los colores- que se requiere una modernización tributaria para impulsar el crecimiento, la inversión, la productividad, la innovación, la creación de empleos, el emprendimiento. Pero también para darles un alivio tributario y burocrático a las Pymes y darles un mejor trato a las regiones y a los adultos mayores, todos componentes que son parte de este proyecto de Modernización Tributaria.
Y, finalmente, quisiera reiterar el firme compromiso del Gobierno por seguir caminando por los senderos del diálogo, la colaboración y los acuerdos, porque estamos convencidos que ése es el mejor camino para que Chile llegue más lejos, avance más rápido y recorra sus caminos con mayor seguridad.
Muchas gracias.
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