Presidente Piñera firma de proyectos de ley acuerdo por la seguridad pública
6 NOV. 2018
S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firma junto al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, Proyectos de Ley del Acuerdo de Seguridad Pública.
Muy buenos días:Todos sabemos que la seguridad ciudadana ha constituido, constituye -y ojalá algún día deje de serlo- la principal preocupación y el principal problema que enfrentan nuestros compatriotas. Y, en consecuencia, debe ser la primera prioridad, el mayor compromiso y la principal fuente de dedicación de un Gobierno que debe escuchar y atender las necesidades de la gente.
Por esa razón, una de las primeras medidas que tomé como Presidente de la República, el mismo 11 de marzo del 2018, fue convocar a un conjunto de grupos de trabajo, para que pudieran aportar a grandes Acuerdos Nacionales en los temas de mayor preocupación y que más inciden en la calidad de vida de todos los chilenos.
Uno de ellos fue un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana. Y aprovecho de agradecer a los miembros que participaron de esa mesa y al ministro del Interior y Seguridad Pública, que tuvo una sabia y eficaz conducción y liderazgo.
Esa mesa de trabajo, que era transversal, integrada por actores no solamente de Gobierno y Oposición, sino que también del mundo municipal, de la sociedad civil, de las Fuerzas de Orden y Seguridad, logró, en un plazo de 90 días, hacer una robusta, necesaria y urgente propuesta, que se materializó en 150 medidas para mejorar la capacidad del Estado de nuestro país, de combatir la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, y darle así una mayor paz, tranquilidad y seguridad a las familias chilenas.
Hoy día, hemos firmado 5 proyectos de ley que surgen del trabajo de esa mesa, que buscó la unidad entre todos los chilenos, para combatir un enemigo formidable y poderoso, que afecta y deteriora la calidad de vida de todos los chilenos.
Y, en consecuencia, estas reformas lo que buscan es modernizar, potenciar, mejorar la capacidad del Estado para combatir la delincuencia, creando nuevas herramientas, más eficaces, más poderosas y orientadas principalmente a prevenir el delito y, en segundo lugar, a combatir el delito.
De esta forma, hoy día hemos firmado varios proyectos de ley.
El primero, una profunda modernización institucional de nuestras policías. Yo no me canso de reconocer, valorar y apreciar el compromiso, la actitud, la vocación, el espíritu de sacrificio que veo a lo largo de mis recorridos por Chile, en esos 50 mil carabineros y casi 20 mil miembros de la Policía de Investigaciones, que están siempre dispuestos a entregar más que lo que, en estricto rigor, la ley exige, e incluso -como lo juran, al momento de asumir- están dispuestos a entregar sus propias vidas, si fuera necesario, por proteger las nuestras. Y eso es algo que todos reconocemos, apreciamos y agradecemos.
Pero ese mismo aprecio y gratitud, nos obliga a crear los instrumentos para mejorar la eficacia de la labor que cumplen nuestras policías.
Es por esa razón que este proyecto de ley lo que busca es generar más transparencia, más rendición de cuentas, a los ciudadanos, que son -en último término- a quienes todos debemos rendir cuentas, en dos frentes distintos: el primero es garantizar una mejor y más transparente administración de los recursos públicos que la sociedad pone a disposición de nuestras policías.
Y por eso este proyecto de ley establece la creación de una Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU). Igual como las sociedades anónimas, que son sociedades públicas, tienen que rendir cuenta trimestralmente a sus accionistas y a la sociedad del estado de marcha de sus operaciones y de sus resultados, esta Ficha va a permitir que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones rinda cuenta, a través de este moderno instrumento, de la forma, la transparencia, la eficacia con que están utilizando los recursos públicos que la sociedad pone a su disposición.
Pero, además, también establece un nuevo mecanismo de control, de rendición de cuentas y de participación en lo que se refiere a su labor operativa propiamente policial, a través de un mecanismo que va a permitir que rindan cuentas de la distribución geográfica de sus recursos humanos y materiales, y también de los resultados operativos de la gestión que realizan en beneficio de la seguridad de la ciudadanía.
Esta planificación tiene que materializarse, además -de acuerdo a la ley- en un plan estratégico de desarrollo a mediano plazo, con un horizonte de 8 años, que tendrá que ser revisado o transformado en planes de gestión operativa y de gestión administrativa, cada vez que un nuevo General Director o Director General asuma el mando.
Estos planes tienen que ser aprobados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y serán también enviados al Congreso y publicados en las páginas web respectivas, de forma tal que no solamente el Gobierno, el Congreso, sino que también toda la ciudadanía, sepa exactamente cuál es el norte de Carabineros y la Policía de Investigaciones, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus planes, cuál es la forma en que van a enfrentar el delito, y que después puedan comparar la rendición de cuentas con lo que fue esa planificación o esa promesa.
Pero la modernización institucional de Carabineros y de la Policía de Investigaciones no se agota en este proyecto de ley. Por eso, en los próximos meses, vamos a presentar nuevos proyectos de ley, porque necesitamos policías más modernas, mejor dotadas, más eficaces y que se especialicen en sus respectivas labores.
Y estos proyectos, que los estamos conversando con las distintas instituciones, apuntan a entregar una dedicación preferente a Carabineros en la labor de prevención, y preferente a la Policía de Investigaciones, en la labor de investigación.
Nuestro Gobierno ya está trabajando en una mesa interinstitucional, que lidera el ministro del Interior y Seguridad Pública, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con la Fiscalía, de forma tal de acelerar esta necesaria modernización.
Pero también, necesitamos contar con policías más profesionales y con mejor formación. Y por eso, en las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley que aborda, moderniza, actualiza y recoge las inquietudes para crear una nueva carrera policial, en que el mérito y la capacidad operativa van a estar en el corazón de los procesos de selección, calificación y ascenso de los funcionarios.
Por otra parte, también el país necesita un nuevo, moderno y eficaz sistema de inteligencia. Eso es un talón de Aquiles de la sociedad chilena, por distintas razones, que todos conocemos, pero el músculo no funciona sin inteligencia. Es la inteligencia que nos permite, frente a un crimen organizado, un narcotráfico, un terrorismo o un cibercrimen, que cada día son más poderosos, más sofisticados, cuentan con más recursos, con más elementos tecnológicos, necesitamos -como sociedad- una comunidad de inteligencia que realmente se anticipe, prevenga, evite, desbarate, en síntesis, ojalá llegar antes que las bombas exploten, para que no causen daño, y no simplemente una vez que ya explotaron, en que sólo podemos llorar sobre la leche derramada.
Es por esa razón que este proyecto de ley introduce reformas muy profundas -a mi juicio- indispensables y -sin duda- urgentes, a nuestro Sistema de Inteligencia Nacional, porque avanza hacia un sistema de inteligencia -y para esto hemos recogido las experiencias de los países más modernos y más exitosos del mundo-, más integrado, más moderno, más funcional. Porque al fin y al cabo, la comunidad de la lucha contra la delincuencia es como una cadena: si uno de los eslabones de la cadena está débil o funciona mal, no solamente ese eslabón no cumple con su función, la cadena entera se debilita. Y cuando está fallando, como es una apreciación generalizada, ese eslabón fundamental de la inteligencia, se debilita toda la capacidad operativa para combatir a estos poderosos, formidables, crueles y muy sofisticados enemigos, como son el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Es por esa razón que el nuevo Sistema de Inteligencia Nacional va a establecer una participación de todas las instituciones que son parte de la comunidad de la inteligencia, con una mucho mejor y mayor coordinación, de forma tal de que podamos unir las fuerzas en beneficio de todos los compatriotas, y no como ocurre hoy día, en que esas fuerzas muchas veces, o esa información o esa inteligencia, está dispersa y nunca logra cumplir su rol de funcionar en forma integrada.
Por eso, ese proyecto de ley crea un Consejo Asesor de Inteligencia, que va a ser un Consejo Consultivo para el Presidente de la República, en materias de inteligencia, y que va a estar integrado por el ministro del Interior y Seguridad Pública, el ministro de Defensa, el subsecretario del Interior, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, y los jefes de todos los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado.
Y a este Consejo de Inteligencia se incorporarán, de acuerdo a las necesidades y en distintas calidades, otras instituciones, como Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, que también pueden proveer valiosa información a esta causa.
Y, además, dada la importancia fundamental de estas funciones, se va a aumentar el nivel de responsabilidades y obligaciones para quienes integran este Sistema de Inteligencia del Estado, estableciéndose sanciones administrativas para quienes incumplan su obligación -porque ésta es una obligación, no es una opción- de entregar la información que tengan, en forma íntegra y en forma oportuna, para poder utilizarla con la rapidez y eficacia que se requiere. Y no como muchos piensan ocurre hoy día, que esa información es fragmentada, es retenida y, finalmente, el Sistema de Inteligencia no funciona.
Este proyecto dispone que el director de la Agencia Nacional de Inteligencia tendrá mayores facultades para pedir y exigir esa información a todas las unidades de inteligencia que corresponda. Y esto significa que el director de la Agencia Nacional de Inteligencia también tendrá que informar semestralmente al Congreso de los planes, de los resultados, de la gestión, de forma tal que el Congreso, como representante de la soberanía popular, tenga también la capacidad de estar informados y, naturalmente, también de aportar.
En tercer lugar, vamos a presentar dos iniciativas que atacan un nuevo y preocupante foco de delincuencia, que es el uso y posesión de armas de fuego.
En los últimos años hemos constatado que más del 80% de los asesinatos en nuestro país se cometen con armas de fuego. Y, en consecuencia, esta mayor participación y mayor poder de fuego, sofisticación y disponibilidad de armas de fuego, es un tema que tenemos que enfrentar de una manera mucho más eficaz, que como lo hemos hecho hasta el día de hoy.
Cada vez hemos detectado la importancia de tratar este tema con total urgencia. De hecho, de acuerdo a la información entregada por Carabineros y la PDI, cerca del 60% de las armas incautadas en la comisión de delitos, corresponden a armas que están inscritas y presuntamente están en manos seguras. Pero no lo están, por distintas razones. Más aún, cuando sabemos que de las 753 mil armas inscritas activas y teóricamente bajo control, más de 230 mil se encuentran extraviadas, porque han sido robadas o porque sus dueños fallecieron y nadie sabe dónde esas armas están.
Por esta razón, esta alarmante situación se debe a que tenemos una ley que no responde a las necesidades de un eficaz control de la tenencia de armas. Es una ley superada, obsoleta e ineficaz, y cuyo mecanismo de control se han mostrado y han demostrado que son absolutamente insuficientes para cumplir el rol que ese sistema de control de armas debe jugar en la lucha contra la delincuencia.
El control de armas resulta absolutamente fundamental. Y por eso enviaremos hoy al Congreso Nacional un proyecto de ley que establece una serie de reformas para reestructurar profundamente la forma en que se registra y se controla la tenencia de armas de fuego, aumenta los requisitos para la adquisición e inscripción de armas, establece nuevos deberes para sus tenedores y también sanciones -en caso que los incumpla- y permitirá contar con procesos regulares y permanentes de fiscalización y actualización de los registros, para que no ocurra lo que pasa hoy día que tenemos un registro que simplemente no dice la realidad, no refleja lo que está ocurriendo, como acabo de dar las cifras.
Y dentro de esta reestructuración, vamos a incorporar a la Policía de Investigaciones como una de las instituciones facultadas para fiscalizar armas de fuego, facultad que hoy día no tienen, y se establecerá la obligación de incluir sistemas de trazabilidad de las armas de fuego, pero también de sus accesorios.
Asimismo, vamos a crear un registro de armas de fuego en manos del Estado, es decir, aquellas armas que forman parte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad, reformando el procedimiento penal para facilitar y favorecer las investigaciones con intervención de armas de fuego, siempre dentro del marco del debido proceso. Porque, nuevamente, muchas de las armas de fuego que presuntamente están en manos del Estado, a través de sus distintas instituciones, a veces no están donde debieran estar y están precisamente en las manos equivocadas.
Para incentivar y acelerar este proceso de regularización de armas de fuego, estamos presentando, en el proyecto de ley, un plazo de 6 meses para que quienes tengan en su poder armas de fuego en forma irregular, puedan entregarlas a las autoridades; y además que quienes sean poseedores o tenedores legítimos de estas armas, sepan que van a tener la obligación de registrarlas en un plazo de 6 meses, para que el registro diga la verdad y no produzca una falsa sensación de tranquilidad.
Las instituciones responsables de la seguridad ciudadana son muchas y, en consecuencia, la coordinación Gobierno, Municipios, Carabineros-Policía de Investigaciones, Fiscalía, Jueces y otras más, tiene que funcionar en forma coordinada, porque son distintos instrumentos que tiene el Estado, pero para un mismo fin y objetivo: que es dar mayor tranquilidad, paz y seguridad a nuestros compatriotas.
Es por ello que este proyecto establece expresamente en la Ley Orgánica de Municipalidades el rol clave que les corresponde a los municipios y por lo cual son demandados por los vecinos, sin tener los instrumentos adecuados en la lucha contra la delincuencia, particularmente, la prevención del delito y la seguridad comunal.
Y por eso, en esta materia vamos a impulsar con mucha fuerza la participación de los ciudadanos a través de los Consejos Comunales de Seguridad Pública.
Este proyecto también dispone que los funcionarios municipales debidamente calificados, puedan prestar apoyo a carabineros en la gestión de tránsito, en la protección de víctimas de la violencia intrafamiliar, porque eso no sólo beneficia a la ciudadanía, sino que también nos permite contar con más carabineros en las calles, protegiendo a nuestros compatriotas.
Pero hay un conjunto de medidas que ya están en marcha, y que es bueno recordarlas, porque la delincuencia no descansa, el Gobierno tampoco. Y, por tanto, apenas iniciamos este Gobierno y también cuando recibimos el informe del grupo de trabajo, nos pusimos en marcha en forma inmediata para implementar un conjunto de medidas que ya están operando.
Hemos puesto en marcha en todas las comisarías de Chile el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), que es un instrumento que ha demostrado ser muy eficaz para permitir prevenir, en base a la información que el sistema recoge, y también planificar la labor de nuestras policías. Y, además, nos permite una evaluación en tiempo real y muy focalizada del grado de cumplimiento de las metas que se está planeando ese sistema.
Hemos realizado más de 150 sesiones de trabajo de STOP, con las policías, con los alcaldes, con los fiscales, lo cual nos ha permitido logros muy importantes en la disminución de los delitos de mayor connotación social, revirtiendo así una tendencia al alza que se venía generando en los últimos tiempos.
Todos sabemos que la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, es una lucha muy difícil, porque al frente hay un enemigo poderoso, inteligente, con recursos, que no trepida ante nada ni respeta a nada ni a nadie con tal de conseguir sus objetivos.
Y, por tanto, en esta materia, no se les puede dar un centímetro de ventaja, y a eso apunta este conjunto de iniciativas que está tomando el Gobierno para lograr nuevamente que el índice de victimización, que mide el porcentaje de los hogares que fueron víctimas de un delito en un determinado periodo de tiempo, vuelva a bajar. Yo quiero recordar que ese porcentaje el 2010 era cercano al 30%, se logró rebajar a cerca del 22% al término de nuestro primer Gobierno, después volvió a crecer hasta cerca del 28%, y ahora estamos nuevamente comprometidos a recuperar esa tendencia decreciente.
Y el STOP está demostrando que es un instrumento muy eficaz, y por eso cuando conocimos la reciente aprobación de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados a ese proyecto de ley, esperamos que prontamente se transforme en un sistema amparado por una ley de la República.
Estamos avanzando también en tener más Carabineros en las calles, en las plazas, en los parques, en los barrios, a lo largo de todo nuestro país. En estos primeros meses, hemos logrado incorporar 3 mil 300 nuevos efectivos de carabineros en labores operativas, y además hemos creado mil 200 nuevas plazas en las escuelas de formación de carabineros, lo cual nos va a permitir contar con 4 mil egresados de esas escuelas, a partir del próximo año.
Y, además -y esto es algo que hemos conversado mucho con el General Director- un carabinero tiene que ser respetado, porque es una autoridad, y por dos razones: en primer lugar, porque arriesga su vida y, por tanto, merece respeto y protección; y, en segundo lugar, porque un policía respetado es mucho más eficaz en proteger la seguridad y la tranquilidad de todos nuestros compatriotas. Y desde ese punto de vista -y lo estaba comentando con el General Director- yo aprecio un cambio de actitud, los carabineros son autoridad y los ciudadanos van a tener que aprender a respetar a esa autoridad.
Y, por tanto, quiero decirlo en forma fuerte y clara: se acabaron los tiempos en que insultar, agredir, tirarles bombas molotov a los carabineros, era un delito menor. Esto va a ser sancionado con todo el rigor de la ley, porque los carabineros lo merecen y porque los ciudadanos lo necesitamos.
Queremos que sean los delincuentes los que sientan intranquilos y atemorizados en las calles, y no los ciudadanos, ni mucho menos los carabineros. Y por eso, en las siete rondas preventivas operacionales especiales que ha hecho Carabineros desde marzo de este año, han sido detenidas 33 mil personas que estaban en situación de flagrancia o con órdenes pendientes de detención. Es decir, simplemente lo que estamos haciendo es que se concrete el respeto a la Justicia y el cumplimiento de las leyes. No tiene ningún sentido tener cientos de miles de personas con órdenes de detención, si están caminando y delinquiendo libremente en las calles de nuestro país.
Y por eso estas rondas preventivas han sido muy eficaces en esta materia, y naturalmente se hacen cuando son más eficaces, y a veces significan una carga adicional para otras instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial, pero lo que tiene que hacer la Fiscalía y el Poder Judicial es adecuarse a la labor contra la delincuencia, y no la lucha contra la delincuencia al funcionamiento de esas instituciones.
Pero de la misma manera, estamos impulsando una innovación a través del trabajo conjunto de la Fuerza de Tarea que hemos creado en la Macrozona Norte Iquique y en la Macrozona Sur Temuco, que nos ha permitido establecer Fuerzas de Tarea para combatir el crimen organizado en nuestro país, que es el más sofisticado, el más poderoso y muchas veces el más cruel, como el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la trata de personas y los hechos terroristas que ocurren en algunas regiones del Sur.
Estas Fuerzas de Tarea están plenamente operativas, con oficinas conjuntas en Iquique y en Temuco, y nos está permitiendo coordinar con mucho mayor eficacia la labor del Estado, en beneficio de la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
Quiero terminar estas palabras recalcando que es absolutamente evidente y totalmente urgente dotar a nuestro país de una institucionalidad más moderna y más eficiente, que opere de manera más transparente, que rinda cuentas a las autoridades, al Congreso, pero también a la ciudadanía, y que actúe con un sentido de urgencia, como es urgente el drama que afecta a cientos o millones de familias chilenas, y que actúe también con una actitud que refleje que son autoridades y que el Estado de Chile o la sociedad chilena les ha entregado el monopolio de la fuerza para darle imperio al mandato de la ley y para dar tranquilidad a los ciudadanos honestos.
Y por eso, queremos que este sentido de urgencia, que tiene que traspasar e inundar toda la lucha contra la delincuencia, también se exprese en la forma en que estos 5 proyectos van a ser tratados en el Congreso: el que moderniza las policías, el que reforma el sistema de inteligencia, el que crea nuevos mecanismos para el control de las armas de fuego, y el que incorpora a las municipalidades en la lucha contra la delincuencia.
Sólo así, vamos a poder lograr frutos fecundos que permitan lo que todos queremos, que es devolverles a nuestros compatriotas su derecho a vivir con mayor paz, con mayor tranquilidad, con mayor seguridad y, en consecuencia, con mayor libertad y con mayor felicidad, no sólo en sus hogares, sino que también en las calles, en los barrios, en las plazas y en los lugares públicos.
Ésa es la principal preocupación de todos nuestros compatriotas, y les quiero asegurar a mis compatriotas que también es la principal prioridad, preocupación, ocupación y compromiso de nuestro Gobierno.
Muchas gracias.
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