Presidente Piñera firma Proyecto de Ley Aula Segura
20 SEPT. 2018
S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, firma el Proyecto de Ley “Aula Segura”, el cual fortalece las facultades del director en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia grave.
Muy buenos días:Estamos en un lugar muy especial, el Museo de la Educación “Gabriela Mistral”, que lleva el nombre de la gran poetisa chilena, que fue la primera mujer en lograr un Premio Nobel en América Latina y, además, una mujer que dedicó su vida no solamente a la poesía, sino que también, y con el mismo amor, talento y pasión, a la educación. Ella fue profesora, inspectora, directora de establecimientos educacionales. Y por eso su figura, y este lugar, es un símbolo del tipo de educación que queremos para nuestro país.
Ella dejó muchos consejos y enseñanzas a través de su poesía, pero también a través de sus expresiones respecto de la educación. Una de ellas, que creo que es muy apropiada al momento, fue cuando dijo “para corregir no hay que temer; el peor maestro es el maestro que vive con miedo”.
Y, desgraciadamente, hoy en día muchos de nuestros profesores y maestros viven con miedo dentro de sus establecimientos educacionales, e incluso dentro de la propia sala de clases, y sienten miedo no del exterior, a veces sienten miedo de sus propios alumnos. Una minoría, por supuesto, pero suficientemente poderosa para causar esa sensación de miedo, que es lo peor que le puede ocurrir a un maestro, de acuerdo a las palabras de Gabriela Mistral.
Los graves hechos de violencia contra profesores y contra miembros de la comunidad escolar, que hemos conocido en los últimos días, no solamente atentan contra la dignidad, la integridad física y la capacidad de enseñar de nuestros profesores, sino que también atentan contra el derecho de todos los demás alumnos a poder recibir educación de calidad.
Y, por lo tanto, están vulnerando principios y valores esenciales, hasta ahora, desgraciadamente, con demasiada impunidad.
Porque al impedir que se genere un clima de normalidad, de tranquilidad, para que el proceso de enseñanza pueda desarrollarse en plenitud, están atentando contra algo que consideramos fundamental, que es la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes, e incluso el acceso, o el derecho a acceso, a la educación de nuestros niños y jóvenes.
Los hechos ocurridos son de extraordinaria gravedad y, por lo tanto, es necesario tomar las medidas adecuadas y oportunas para poner término a esta mala práctica.
Y me estoy refiriendo a hechos como los que ocurrieron el pasado 1º de septiembre, ni más ni menos que en el Instituto Nacional, cuando el rector y la inspectora general, un profesor, una enfermera y un auxiliar, fueron atacados y rociados con bencina en las dependencias del Instituto Nacional, como una clara medida de amedrentamiento y de generar temor.
Pero no fue lo único. Días después conocimos la denuncia de una profesora del Liceo Manuel Barros Borgoño, que también fue víctima violenta de un grupo de encapuchados y que le generó una profunda crisis, que la afecta hasta el día de hoy. La profesora presentó la denuncia, pero desgraciadamente, según sus propias palabras, “todo quedó en nada”.
También fuimos testigos de graves actos de violencia en el Liceo de Aplicación, como el que ocurrió hace exactamente una semana, cuando un grupo de jóvenes atacó con proyectiles y elementos incendiarios y bombas molotov a un grupo de carabineros.
Siempre hemos dicho que la educación es la madre de todas las batallas. Si queremos ganar la batalla para conquistar el desarrollo, derrotar la pobreza y generar una sociedad que garantice la capacidad de todos de desarrollar sus talentos, tenemos que ganar la batalla de la educación. Y hay algunos que están haciendo lo imposible por que Chile no logre ganar esa batalla.
Es por eso que hemos impulsado el Plan Nacional de Calidad, que comprende muchas iniciativas, entre ellas, el proyecto “Todos al Aula”, para concentrar el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de todos en el aula, que es donde se tiene que ganar la batalla por una educación de calidad.
También, con la creación de múltiples iniciativas como, por ejemplo, el Centro de Innovación en el Mineduc, para que las experiencias más exitosas puedan ser puestas a disposición de todos los establecimientos y comunidades escolares. O el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, que son los lenguajes de la Sociedad del Conocimiento y la Información.
Pero estamos convencidos que ninguna medida, por eficaz que sea en su contenido propio, va a tener éxito y resultados en mejorar la calidad de la educación, si al interior de un liceo o de un colegio se agrede con tanta violencia y con tanta impunidad a los profesores, a la comunidad escolar y se permite que estos actos de violencia y de delincuencia queden impunes.
No podemos hablar de educación de calidad, y ni siquiera podemos hablar de educación, si no se respetan las normas más básicas de la convivencia y de la civilidad propia de cualquier comunidad, y muy especialmente de una comunidad escolar.
Por eso, como Gobierno no vamos a tolerar más estas situaciones, y vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que la paz, la tranquilidad y el ambiente propicio para la enseñanza y la educación regresen a nuestras escuelas, liceos y aulas, y no seguir tolerando que un pequeño grupo de violentistas y de delincuentes pretendan alterar el camino que toda la sociedad chilena quiere seguir y que nos conducirá a educación de calidad para todos nuestros compatriotas.
Lamentablemente hoy día nuestro ordenamiento jurídico no nos provee de las herramientas adecuadas para poder luchar con mayor éxito frente a este verdadero flagelo que afecta a nuestra educación.
Por eso hemos presentado el proyecto de ley que condena, en forma penal, las conductas antisociales, entre las cuales, la violencia en los establecimientos escolares es, sin duda, una muy importante.
Pero además de eso, nuestro ordenamiento dentro de los colegios y liceos tampoco nos permite, porque para poner atajo a esta lamentable e inaceptable situación, por ejemplo, si un alumno ingresa a su establecimiento educacional con artefactos incendiarios o con bombas molotov y agrede físicamente a un profesor o a cualquier miembro de la comunidad escolar, puede permanecer dentro de ese mismo establecimiento, y por un período de tiempo que puede alargarse por semanas, lo cual sin duda constituye una situación absolutamente inaceptable.
Porque ¿qué significa esto? Que la víctima de esa agresión violenta, con artefactos incendiarios, con bombas molotov, que apunta muchas veces a quitarle la vida a un profesor o un miembro de la comunidad escolar, tiene que seguir compartiendo con el victimario porque la legislación y la reglamentación actual no permite la expulsión de ese alumno de ese establecimiento educacional.
Sin duda, se trata de una situación absolutamente inhumana, indigna e inaceptable para cualquier comunidad escolar.
Por eso, hoy vamos a firmar un proyecto de ley denominado “Aula Segura”, cuyo objetivo es fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados, incorporando un procedimiento mucho más eficaz, rápido y expedito para permitir la expulsión o la cancelación de la matrícula de aquellos que cometen actos delictuales y de extrema violencia, como los que hemos descrito y que afectan los derechos, la dignidad y la integridad de los miembros de su propia comunidad escolar.
En este caso, el director deberá comunicar por escrito la decisión de expulsión, junto con sus fundamentos, al estudiante afectado y a sus padres o apoderados, los cuales van a poder pedir una reconsideración en un plazo de 5 días para garantizar el debido proceso, pero esta medida también busca garantizar el derecho a la educación del alumno sancionado puesto que no lo excluye en forma permanente del sistema educacional, pero sí permite que su comunidad escolar pueda seguir cumpliendo su labor sin estos actos violentos y delictuales que se cometen cada día con más frecuencia en nuestro país.
Junto con lo anterior, este nuevo procedimiento posibilita que la expulsión o cancelación de la matrícula se realice en forma inmediata, no como hoy día que tarda semanas en poder producirse, y esto sin duda va a ser algo positivo para la comunidad escolar.
Aquí no nos equivocamos un segundo, nuestro Gobierno está con la comunidad escolar, con los directores, los profesores, los apoderados, todos los miembros de esa comunidad escolar y, por supuesto, con los alumnos que quieren y merecen poder estudiar, y no con aquellos delincuentes y violentistas que no respetan a nada ni a nadie y que creen que pueden hacer lo que quieran porque hasta ahora lo han hecho en forma demasiado impune.
Las causales de expulsión contempladas en este proyecto de ley son uso, posesión, tenencia o almacenaje de armas o artefactos incendiarios o explosivos, como por ejemplo las bombas molotov; agresiones físicas graves que produzcan lesiones a docentes u otros miembros de la comunidad escolar.
Como vemos, estas causales de expulsión o de cancelación de la matrícula son de especial gravedad y afectan a casos extraordinariamente graves, que sin duda están taxativa y claramente descritos en el proyecto de ley.
Estamos convencidos que este proyecto de ley no solamente es una herramienta jurídica indispensable y urgente que la comunidad escolar y la sociedad chilena necesitan para poder proteger la integridad física y psíquica de los profesores y de la comunidad escolar, sino que también es algo que los propios alumnos y estudiantes merecen y necesitan con gran urgencia.
Esta iniciativa conjuga con armonía el ejercicio de tres derechos fundamentales, el derecho a la seguridad de los docentes y la comunidad escolar, el derecho de los alumnos a poder estudiar en sus establecimientos educacionales, y también el derecho de los acusados a tener un debido proceso.
Por esta razón, este proyecto de ley “Aula Segura”, que vamos a firmar en unos instantes más, lo que busca es muy simple: los graves hechos de violencia que se han registrado en diversos liceos, especialmente en la comuna de Santiago durante los últimos tiempos, no son -como algunos pretenden- simples actos de indisciplina o meros desordenes; son graves actos delictuales y de extrema violencia contra los docentes y contra la comunidad escolar, que no son compatibles con las normas básicas de convivencia de ninguna comunidad, y mucho menos de una comunidad escolar.
Y por eso, el proyecto de ley que firmaremos en unos instantes y denominado “Aula Segura”, no sólo es una herramienta jurídica indispensable y urgente para proteger con mayor eficacia la integridad física y psíquica de toda la comunidad escolar, sino que también una herramienta útil y absolutamente necesaria para proteger el derecho a la calidad de la educación de todos nuestros niños y jóvenes, y también el prestigio de los establecimientos educacionales de nuestro país, y muy especialmente el de los liceos públicos, y particularmente el de los liceos emblemáticos.
El mensaje es muy claro: les decimos a todos nuestros compatriotas, nuestro Gobierno está comprometido con la calidad de la educación de todos y cada uno de nuestros niños y jóvenes, con la dignidad e integridad que merece toda la comunidad escolar, pero va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror al interior de nuestros establecimientos educacionales.
Eso no lo vamos a permitir, no es lo que los chilenos queremos y esperamos que este proyecto de ley nos permita restablecer la tranquilidad, la paz y el clima adecuado para que nuestros niños y jóvenes puedan aprender, puedan educarse y puedan tener todas las herramientas para desarrollar en plenitud las potencialidades que Dios nos dio.
Muchas gracias.
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