S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, promulga la ley sobre Delitos Económicos y atentados contra el Medio Ambiente.
Muy buenos días a todas y a todos:
Partir esta semana, un lunes, que siempre son difíciles, pero con una buena noticia como esta, es algo que honestamente me alegra porque, desde hoy, Chile tiene una nueva ley para sancionar de mejor forma los delitos económicos y ambientales que tanto daño han causado a nuestra sociedad.
Un daño que es difícil de cuantificar porque no es solamente respecto de la dimensión del delito en sí mismo, sino también en algo que es más sensible y más difícil de construir, y muy fácil de destruir, que es la confianza. Eso es algo en lo que todos los actores de la sociedad, funcionarios públicos y también privados, tenemos muchísimo más que hacer y ser muchísimo más cuidadosos.
Quiero agradecer a María Teresa Vial por sus palabras y estoy seguro que, como usted plantea, esta nueva ley contribuirá justamente a recuperar las confianzas que se han dañado en los últimos años. Me parecen importantes las reflexiones que usted hace hoy acá, el que no se juzgue a justos por pecadores, el que seamos capaces de diferenciar, en que la gran mayoría de las personas que hacen bien y responsablemente su pega sean reconocidos por ellas y no vean enlodados su labor cotidiana y su trabajo, producto de unos cuantos inescrupulosos. Además, el llamado que usted hace a la aplicación ponderada de la legislación, evitando justamente las denuncias temerarias que puedan terminar perturbando, cambiando el objetivo y el espíritu de la ley.
Y es que por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia cómo los que son llamados “delitos de cuello y corbata” suelen recibir castigos menores que otros delitos, aun cuando involucran grandes sumas de dinero. Frente a eso, y me imagino que todos quienes son representantes electos o que han cumplido funciones públicas lo deben haber experimentado en sus salidas a terreno, hay una percepción en la ciudadanía de que, a veces, parecieran existir dos justicias, una justicia para ricos y una justicia para pobres. Tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente y para que no sea real.
Creo que la promulgación de esta legislación es un paso importante en esa dirección e insisto en la recuperación de las confianzas en las instituciones. Muchas veces, me preguntan qué es lo que espero al final de nuestro mandato y más allá de las políticas públicas, de las grandes obras, más allá de las cifras, un bien intangible que para mí es prioritario es la recuperación de la confianza interpersonal en nuestra patria, pero también de la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, que están y deben estar para protegerlos y no para abusarlos o permitir que se instale una sensación de abuso respecto de ello.
Esta situación ocurre porque el sistema de penas en nuestro país no se ajustaba bien a los delitos económicos. Cuando se dictaba la condena, muchas veces terminaba cumpliéndose en libertad o la sanción consistía en vergonzosas clases de ética. Recordamos el Caso Farmacias y otros casos de colusión. Y la señal que recibía la opinión pública es que este tipo de delitos recibían un trato distinto. El problema es que cuando la ciudadanía siente y ve que ha habido impunidad o que hay una vara distinta para jugar a unos a otros, en donde más allá de la declaración de la ley pareciera que hay algunos que son más iguales que otros, se debilita la confianza pública y, también, la cohesión social. No debemos olvidar la importancia que tiene la cohesión social para que un país avance. Se genera malestar y sensación de abuso e injusticia. Y eso es, justamente, lo que tenemos que tratar de recuperar.
¿Cuáles son las innovaciones de esta ley? Se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para ello se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activos y, además, se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad. Y, además, la ley establece que todo delito económico será sancionado siempre con una multa, además de la sanción penal que corresponda, cuyo monto tendrá relación con su gravedad y su permanencia en el tiempo. Eso fue algo muy discutido en su momento en la comisión.
A esto se suma que una persona que sea condenada por los delitos que están en este catálogo va a quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero no sólo eso, también cargos gerenciales y, además, establecer contratos con el Estado.
Además, esta ley establece delitos que constituyen atentados contra el medio ambiente como la contaminación de aguas y suelos, o el daño a parques nacionales y humedales. De esta manera, elevamos el estándar para seguir protegiendo a la naturaleza, que es tan importante en el espíritu de nuestro Gobierno.
Pero esta ley no nació de la nada y no fue fácil, y quiero reconocer el importante trabajo de un grupo transversal de parlamentarias y parlamentarios que presentaron dos proyectos, a partir de los cuales fue construida esta ley. En particular, y creo que bien vale nombrar, a Matías Walker, aquí presente, que, además, si mal no recuerdo, dirigía la Comisión de Constitución cuando discutimos esto en la Cámara de Diputados en momentos muy turbulentos en Chile y en donde, como presidente, mantuvo una línea firme de que esto se discutiera. Como presidente de la comisión creo que el, hoy, senador Walker cumplió un rol fundamental en esto.
Él fue autor de uno de los proyectos junto con Natalia Castillo, con Luciano Cruz-Coke, con Marcelo Díaz, con Gonzalo Fuenzalida, con Paulina Núñez, con Marcelo Schilling, con Gabriel Silver, con Leonardo Soto y con Pablo Vidal. Y, además, hubo otro proyecto con el que se refundió, presentado por Gabriel Ascencio, Boris Barrera, Natalia Castillo, Ricardo Celis, Mario Desbordes, Marcela Hernando, Marcelo Schilling, Alejandra Sepúlveda, Leonardo Soto y, nuevamente, Matías Walker.
Me parece importante destacar esto por la transversalidad que tuvo y porque, frente a las presiones que se vivieron hasta el último momento, esa transversalidad permitió darle sustento y fuerza a esta ley. Y, además, contó con la participación y trabajo de un grupo de académicos que nos estuvieron acompañando en la Comisión de Constitución durante, prácticamente, toda su tramitación y que fue tremendamente importante, hubo un diálogo permanente con los parlamentarios.
Recuerdo, y disculpen si se me olvida alguien, a los profesores Bascuñán, Medina, Wilenmann, Hernández, Silva y Londoño. Creo ver, también, a varios acá, creo que el profesor Soto también estuvo.
Esta diversidad de sectores y confluencia virtuosa entre política y academia dio cuenta de un diagnóstico transversal sobre la necesidad de mejorar la legislación en esta materia. Por eso, esto se comenzó su tramitación en el período anterior, pero desde el primer momento, como Gobierno, nos comprometimos con avanzar en esta iniciativa e impulsamos su discusión porque en los negocios y las empresas, tal como en el Estado, no debe haber espacio para cometer delitos y para defraudar la fe pública. Y espero que todas y todos lo entendamos de esa manera.
Es cierto que el haber recurrido por parte de algunos gremios empresariales a todas las instancias como el Tribunal Constitucional, como bien decía quién me antecedió en la palabra, termina por fortalecer esta legislación. Aunque, más allá de lo jurídico, debo confesar que lamento que, a la hora de avanzar, justamente, en legislaciones de estas características que restablezcan las confianzas, no nos sumemos todos activamente en esta dirección. Afortunadamente, todas las instancias fallaron y hoy estamos firmando, promulgando y vamos a tener una legislación moderna, adecuada y, creo, muy positiva.
Con esta ley, estimados y estimadas, desde hoy tenemos un sistema más sólido que nos ayudará a tener un Chile más justo y a recuperar el largo camino de la construcción de confianzas que tanta falta nos hace como país.
S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; y el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, encabeza anuncio del Aguinaldo de Navidad 2024 para pensionados y pensionadas, cuyo pago inicia el lunes 2 de diciembre.
Modal title
Gimnasio municipal de Pudahuelviernes, 29 de noviembre de 202411:00
S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; y el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, encabeza anuncio del Aguinaldo de Navidad 2024 para pensionados y pensionadas, cuyo pago inicia el lunes 2 de diciembre.
S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta; y la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, encabeza entrega de viviendas de los proyectos Escultores Lily Garafulic, Sergio Mallol y Nicanor Plaza.
Modal title
Lugar: Avenida General de Brigada Zenteno del Pozo con calle Aconcagua, Colina.jueves, 28 de noviembre de 202410:00
S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta; y la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, encabeza entrega de viviendas de los proyectos Escultores Lily Garafulic, Sergio Mallol y Nicanor Plaza.