El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, publicó esta mañana en el Salón Montt-Varas del Palacio de La Moneda, la ley que establece un estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, para así facilitar la denuncia de delitos o actos irregulares.
 
La ley tiene por objetivo facilitar la denuncia, proteger la identidad de los denunciantes y permitir investigaciones más acuciosas.
 
“Como Gobierno hemos sido muy claros desde el primer momento: todo acto de corrupción debilita la democracia y queremos cuidarla”, afirmó el Mandatario durante la ceremonia, y agregó que, “por eso, los actos de corrupción no tienen cabida en nuestro Gobierno y no debieran tener cabida nunca, porque cuando hay un mal uso de los recursos públicos o cuando hay corrupción, se resquebrajan las confianzas y se daña la sociedad en su conjunto, además de ser perjudicados quienes más necesitan de esos recursos. Y eso, desde cualquier punto de vista, independiente de cualquier diferencia política, es inaceptable”.
 
Contenido de la ley
 
La ley tiene por objetivo contar con un marco normativo moderno que contribuya a inhibir y sancionar conductas contrarias a la probidad, con una protección adecuada de quienes denuncian frente a posibles represalias y actos vengativos por parte de los denunciados.
 
Respecto a este punto, el Presidente de la República agregó que, “de esta forma, nos hacemos cargo de este problema, a la vez que posibilitamos que las denuncias se realicen y se investiguen, con un nuevo canal digital de denuncias que va a ser administrado por la Contraloría, órgano independiente e imparcial, con la opción de mantener en reserva la identidad del denunciante y con medidas concretas de protección ante posibles represalias”.
 
Principales elementos de la iniciativa
 

1. Se establece el derecho de todo denunciante a ser protegido.
2. Se crea un nuevo canal de denuncias, que será una plataforma electrónica administrada por la Contraloría (CGR). También se establece que la CGR debe registrar y dar seguimiento a todas las denuncias.

• Se podrán denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o faltas administrativas, incluyendo hechos de corrupción o que afecten o puedan afectar bienes o recursos públicos.
• Las denuncias también podrán realizarse en contra de personas e instituciones privadas en que el Estado tiene participación o que perciban fondos fiscales.

1. Se establece que el denunciante de actos contra la probidad administrativa podrá pedir la reserva de su identidad.
2. Se otorgan potestades a la Contraloría para iniciar directamente la persecución de responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en asuntos relevantes para el interés público. El organismo propone sanciones a la respectiva autoridad competente.
3. Se establecen mecanismos de protección preventivos en favor del denunciante que sea personal de la administración del Estado.

1. Se modifica el Estatuto Administrativo, agregando una nueva causal de destitución a quien ejecute acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia o declare como testigo en una investigación administrativa o judicial.

• Alcance de la protección: para el personal de Administración del Estado que, para efectos de esta ley, incluye a todos quienes prestan servicios a sus instituciones. Esto, independientemente de si tienen un contrato de trabajo o a honorarios e incluye también a estudiantes en práctica y prestadores de servicios contratados.