Presidente Piñera firma Proyecto de Ley de Transparencia y de Probidad
24 AGO. 2018
S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, asiste a seminario organizado por el Consejo para la Transparencia, con motivo de los 10 años de la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Muy buenos días:Hoy nos reunimos a recordar, a conmemorar y también a proyectar lo que han sido los primeros 10 años de la promulgación de nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin duda, una ley importante, que ha cambiado muchos hábitos y costumbres y que ha mejorado el funcionamiento de nuestra democracia y, por supuesto, de nuestro Estado.
Porque el Estado se debe relacionar con los ciudadanos, en una forma en que entienda que es el Estado el que está al servicio de los ciudadanos, y no al revés.
Por eso partimos del principio que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos, y qué hacen las autoridades que ellos eligen con sus votos.
Octavio Paz, gran poeta, pensador y Premio Nobel mexicano, cuando hablaba del Estado se refería al Estado como “el Ogro Filantrópico”: filantrópico, porque se supone que ayuda a la gente; y ogro, porque para muchos ciudadanos el Estado es un ente ajeno, distante, hostil.
Y yo creo que la Ley de Transparencia permite acercar el Estado a la gente y darle un rostro más humano, más amistoso. Y eso es lo que queremos que sea la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
Esta Ley de Transparencia, que cumple 10 años, fue fruto de un acuerdo político, en que el entonces senador Hernán Larraín, junto a otros senadores, y también el Gobierno de la época, hicieron grandes aportes, y se fue transformando, en el tiempo, en una norma que ha ido concitando el apoyo y el aprecio de toda la ciudadanía.
Es por esa razón que recalco el hecho de que nuestra Ley de Transparencia fue fruto de un acuerdo nacional, porque la experiencia nos ha demostrado -una y mil veces- que llegamos más lejos y avanzamos más seguros cuando buscamos acuerdos, que cuando nos enfrentamos los unos con los otros.
¿Por qué la transparencia es tan importante en democracia?
Porque más allá de las consideraciones legales, donde nuestra Carta Fundamental entrega, a nivel constitucional, el principio de la transparencia, el ejercicio de la función pública permite que las autoridades rindan cuenta de sus actos y que la ciudadanía ejerza esa potestad de controlar, y para poder controlar tiene que estar informada, de lo que están haciendo quienes administran transitoriamente el poder y el Estado, por mandato democrático de la ciudadanía.
Por eso, las disposiciones de transparencia hacen que quienes ejercemos la función pública, tengamos un incentivo especial a orientarnos a desempeñar nuestro rol en la forma más honesta y más eficiente posible, cumpliendo con una regla de oro: el que está en el servicio público debe siempre anteponer el bien público al bien privado, y el interés común al interés particular.
Y para que esa regla no sea una regla vacía, de sólo buenas intenciones, se requiere una regla de eficacia, y la transparencia es la mejor regla de eficacia. No hay mejor policía que el alumbrado público; no hay mejor desinfectante que la luz solar.
Y hoy día tenemos un aliado formidable para poder compatibilizar la regla de la transparencia con la regla de la eficacia, que es la tecnología, que nos permite procesar y entregar, en forma instantánea, en tiempo real y económica, volúmenes de información que antes habrían sido imposibles de entregar o compartir.
Por eso, es muy importante comprender que las personas no se comportan de la misma forma bajo la luz del sol que en la oscuridad de un túnel. En una marcha, por ejemplo, una persona a cara descubierta no se comporta en la misma forma que aquel que está encapuchado.
Y por eso la transparencia, además de servir como un mecanismo de control y de anticipación, es un mecanismo que altera y mejora las conductas, especialmente de las autoridades.
En estos 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia, tal como lo recordó el presidente del Consejo, se han ingresado cientos de miles de solicitudes de acceso a la información -casi medio millón de solicitudes- a los órganos de la administración pública, y se han ingresado más de 25 mil casos ante el propio Consejo para la Transparencia. Es decir, éste es un instrumento que ha sido ampliamente utilizado por la ciudadanía, lo cual revela que es un instrumento que ha sido apreciado por esa misma ciudadanía.
Sin duda los datos presentados nos muestran que este avance, es un avance que no puede detenerse hoy día. Por eso, es una buena oportunidad hoy que recordamos o celebramos los 10 años de la Ley de Transparencia, preguntarnos cuáles son los pasos adicionales, hacia dónde tenemos que seguir avanzando en esta materia.
Porque no podemos perder la fuerza ni la voluntad de ir permanentemente mejorando y modernizando nuestras instituciones.
Para aquellos que tienen un compromiso especial con el servicio público, esta actitud de una permanente crítica constructiva, de no bajar los brazos, de no dormirse en los laureles, es la mejor garantía de que el país no se detenga, especialmente en los tiempos presentes, en que la principal amenaza que tenemos es la obsolescencia.
Pero quisiera también destacar, sin duda, el rol que ha tenido el Consejo para la Transparencia, que también cumple 10 años, y cuya importante labor es la de promover y cooperar en la construcción y en la institucionalización de una cultura de transparencia en nuestro país.
El Consejo, al garantizar el acceso y el derecho de acceso a la información pública, está cumpliendo cabalmente ese rol. Este Consejo ha cumplido ese rol y ha hecho no solamente lo que la ley lo mandata, sino que también -y esto me consta- ha estado permanentemente preocupado en cómo mejorar la ley, mejorar los procedimientos y seguir avanzando.
Hoy el Consejo pone a nuestra disposición -como lo mencionó el presidente del Consejo- y también de la ciudadanía y de la opinión pública, los resultados de este proceso participativo, que lo llevó a las 15 regiones -vamos a tener la número 16 en unos días más- pero, tal vez, la más importante de todas es la región que vive en la Web, que vive en ese espacio virtual que, sin embargo, tiene muchas características de real.
Y a través de ese ejercicio, de consultar, de escuchar, el Consejo nos ha planteado una serie de inquietudes que emanan de los ciudadanos. Ese levantamiento de información, que ha sido descentralizado, inclusivo, transversal, a través de múltiples talleres, entrega importantes demandas de la ciudadanía, y un Gobierno siempre tiene que estar atento a escuchar lo que la ciudadanía está demandando. Y no solamente a escuchar, porque muchas veces la ciudadanía plantea el problema, a los gobiernos les corresponde entender el problema que plantea la ciudadanía y diseñar las mejores soluciones para atender a esa necesidad.
Sin perjuicio de que hoy nos reunimos para recordar estos 10 primeros años de la Ley de Transparencia, es indudable que podemos sentirnos contentos de los avances logrados, pero también inquietos con el largo camino que aún nos queda por recorrer.
Veo con preocupación que Chile ha retrocedido en las últimas tres mediciones del Ranking de Percepción de Corrupción y de Transparencia Internacional. Si el año 2014 nos ubicábamos en el lugar 21, desde entonces sólo hemos retrocedido, y hoy día estamos en el lugar 26.
Y, por lo tanto, este deterioro en nuestra clasificación -no de riesgo de crédito, sino que de transparencia y corrupción- nos debe alertar a que tenemos que seguir avanzando en esta materia, y ése es el propósito y la misión que como Gobierno debemos cumplir y en que estos estudios y consultas a la opinión pública nos han sido de mucha utilidad.
Nuestro país necesita reforzar y concretizar aún más las políticas existentes, en orden a posibilitar una mayor y más poderosa cultura de transparencia, de buena gestión pública, de buen uso de los recursos públicos. Pero también requiere, sin duda, que en esto los ciudadanos participen y sean un gran aliado en este proceso.
Éstas son las razones fundamentales que nos llevan a presentar una nueva iniciativa legal, pues queremos contar con una legislación moderna y de vanguardia, como lo fue la que tenemos, pero hace 10 años. Han pasado 10 años y esos 10 años no han pasado en vano, porque el mundo ha cambiado notablemente durante ese periodo.
Por eso, hoy día vamos a firmar un proyecto de ley que hemos denominado el proyecto de Ley de Transparencia y de Probidad 2.0.
En efecto, previamente como Gobierno, ya hemos iniciado un trabajo interesante en esta materia que se ha traducido en la presentación de la Ley de Integración Pública, que actualmente está tramitándose en el Senado, que aumenta las exigencias que regulan el tránsito de personas entre el sector público y el sector privado, y que recoge muchos de los estándares de las sociedades más avanzadas en esta materia y de las recomendaciones de organismos internacionales, como por ejemplo la OECD.
También estamos impulsando el aumento de las penas respecto de delitos funcionarios como el soborno y el cohecho, y tramitando una Ley de Protección de Datos Personales, en la cual precisamente el Consejo para el Transparencia será el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa asociada al buen tratamiento de los datos personales y su protección, debiendo implementar una plataforma única de datos abiertos, que permita hacer públicas las diferentes bases de datos alojadas en ente estatal, en forma simple y amistosa hacia la ciudadanía, y que contenga toda la información relevante en materia de programas, presupuestos, ejecución, compras, etc.
Y aquí, quiero mencionar que la transparencia es un gran valor, pero no es el único valor. Por esa razón, al Consejo le va a tocar -si este proyecto de ley se aprueba- una difícil misión: por una parte, promover la transparencia, pero por otra también proteger la privacidad de las personas, y ése es un equilibrio difícil, porque cuando uno sólo tiene en las manos un martillo, todo lo que ve le encuentra pinta de clavo.
Y, por tanto, a veces, cuando uno cree que la transparencia es el único valor, se olvida que hay otros valores que también deben ser resguardados; como todo en la vida, se requiere del buen criterio para equilibrar distintos valores y está, por una parte, la transparencia y, por otra parte, la necesaria protección de la privacidad y la vida personal de los ciudadanos.
Pero, además, nos hemos propuesto eliminar el secretismo que aún impera en algunas instituciones, modificando formas de organización de esas entidades, derogando leyes reservadas o secretas y también derogando muchas leyes que ya no tienen ninguna razón de existir.
La ley se presume conocida por los ciudadanos y en Chile tenemos más de 20 mil leyes y siguen creciendo a un ritmo muy veloz. Y, por lo tanto, tenemos que hacer ese proceso no solamente de preocuparnos de las leyes secretas -y en eso estamos trabajando y vamos a tener novedades muy prontamente- sino que también en eliminar leyes que ya no tienen ningún sentido, e ir dejando un cuerpo legal que sea más comprensible para los ciudadanos, e incluso utilizar la normativa o la potestad administrativa de ir codificando, de forma tal que los ciudadanos puedan saber mejor cuál es la legislación que está vigente.
Por ejemplo, el que tiene que interpretar muchas de las leyes, que es la Contraloría General de la República, hoy día tiene una disputa en cómo interpretar su propia ley, lo cual refleja que a veces las leyes no son tan claras y transparentes como debieran ser.
Pero no queremos detenernos sólo ahí, sino que también buscamos avanzar y por eso vamos a presentar un proyecto de Ley de Transparencia 2.0, que contiene perfeccionamientos a la Ley de Transparencia actual, a la luz de la experiencia de los últimos 10 años, a la luz de la aplicación de esa ley y de la jurisprudencia que ha emanado del Consejo para la Transparencia de los Tribunales de Justicia, y por supuesto escuchando muy atentamente los planteamientos que nos han hecho los ciudadanos.
En este proyecto de ley se consagra una institucionalidad más moderna, más eficiente y también que busca esa compatibilización entre el valor de la transparencia y el valor de la protección de los datos personales, pero amplía el ámbito de la exigencia de transparencia a nuevos organismos públicos como, por ejemplo, las corporaciones y asociaciones municipales, el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Servicio Electoral, el TRICEL y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Estos significativos avances en materia de transparencia buscan que en Chile ninguna autoridad relevante, y que ejerce el poder público e influye en la calidad de vida de las personas, quede ajena a los principios de probidad y transparencia.
Además, en el entendido que la Nación se construye con la participación de todos, y de todos los sectores, asociaciones intermedias y la sociedad civil, se propone también extender estas obligaciones a aquellas organizaciones de la sociedad civil, que reciben montos significativos de recursos públicos, de forma tal de que el uso de los recursos públicos sea cada día más transparente para todos los ciudadanos.
Asimismo, el proyecto de ley modifica el mecanismo de oposición de terceros y los plazos de reserva o secreto de la información, en el entendido que un sistema de transparencia y probidad eficiente sólo se construye desde una comprensión integral de la función pública, acompañada con una legislación e implementación consciente y responsable de los derechos de las personas.
Se fortalecen así las instancias de reclamo ante el Consejo para la Transparencia, estableciendo los plazos más adecuados y entregándole nuevas facultades de solución de conflictos, que acercan la probidad y la transparencia a todos los chilenos.
También el proyecto de ley establece notificaciones más modernas como, por ejemplo, por los mecanismos de correos electrónicos o múltiples otros mecanismos que van a surgir en el futuro, para establecer una mejor comunicación entre el Estado y la ciudadanía, y se crean nuevos mecanismos de reclamo para poder permitir revisar actitudes que no se ajustan a la ley, a través de impugnaciones por recursos judiciales.
Del mismo modo, se amplían las sanciones por denegación infundada de la información, así como por la entrega no oportuna o no completa de la misma.
Todos estos importantes avances, en materia de transparencia y probidad, se enmarcan en la materialización de un control efectivo, eficiente, transversal y responsable, que busca coordinar mejor la promoción y formulación de planes, políticas y programas destinados a asegurar los derechos, tanto del acceso a la información como de la protección de los datos personales.
Esto, sin duda, va a requerir un fortalecimiento de la institucionalidad, con la construcción de un sistema interministerial, que asegure y proteja un sistema transparente y probo con una participación efectiva.
Con estos fines, el proyecto contempla la creación de una Comisión de Transparencia del Estado, a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, encargada de generar y actualizar el Portal de Transparencia, que asegure a todos los ciudadanos un acceso rápido, simple y desformalizado a la información.
Y por su lado, el Ministerio de Justicia deberá velar constantemente por la vigencia y ejercicio de los derechos ciudadanos a la información.
Estamos convencidos que con este proyecto de ley que hoy día vamos a firmar para enviarlo a la tramitación del Congreso -que espero que lo analice en el mérito, en su mérito, y no con posiciones a priori, independientemente del contenido del proyecto- vamos a poder dar un gran paso adelante, interpretando lo que los ciudadanos han reflejado en el estudio que hizo el Consejo, y en lo que escuchamos todos los días cuando conversamos e interactuamos con los ciudadanos de nuestro país, que demandan un mejor y mayor estándar de transparencia y de probidad de todas sus autoridades.
Y estamos avanzando, porque queremos un país en el cual la regla general sea siempre la transparencia, mientras que el secreto sólo sea la excepción, porque sólo así vamos a poder avanzar hacia un desarrollo integral, que es mucho más que crecimiento económico.
El desarrollo integral tiene que ver con la calidad de la democracia, de las instituciones, de la participación; tiene que ver la calidad de la convivencia y la amistad cívica; tiene que ver con la seguridad ciudadana, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la movilidad social; tiene que ver con la calidad de la educación que entregamos a nuestros niños, jóvenes y trabajadores, con la calidad de la salud que entregamos a nuestras familias; y también tiene que ver con la forma en que tratamos a nuestros sectores más vulnerables.
Y, por supuesto, la transparencia es parte de ese desarrollo integral.
Y por eso estamos seguros que la transparencia es un valor muy compartido por los chilenos; es lo contrario a la opaco, transparente es lo que deja pasar la luz del sol. Por eso queremos una sociedad cada día más transparente.
Muchas gracias.
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