Presidente Piñera firma Proyecto de Ley de Integridad Pública
5 JUL. 2018
La iniciativa busca la modernización del Estado y el aumento de los estándares de probidad y transparencia, actualizando la regulación de contratación de parientes y certificando la idoneidad profesional de las personas.
Muy buenos días:En primer lugar, estoy muy contento, porque acabamos de conocer una buena noticia para Chile, el IMACEC del mes de mayo, que fue 4,9%. Eso significa que, en promedio, los meses de marzo, abril y mayo, el crecimiento de la economía chilena es de un 5,1%.
Ésta es una buena noticia, pero no es para bajar los brazos ni dormirnos en los laureles, porque tenemos plena conciencia que para lograr que Chile sea un país desarrollado, para que la economía chilena siga creciendo, creando empleos y mejorando los salarios, vamos a tener que trabajar muy duro, todos y cada uno de los días durante nuestro Gobierno, y también los gobiernos que vendrán.
Pero sí quiero manifestar una preocupación, porque la economía está creciendo al 5,1%, pero el empleo está creciendo sólo al 2,1%. Y, por lo tanto, el crecimiento de la economía queremos que se traduzca en mejores empleos, mejores salarios, mejores oportunidades. Y para eso vamos a tener que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para facilitar, promover, incentivar la creación de empleos en nuestro país.
Yendo al tema que nos convoca hoy día.
La verdad que hay dos cosas que son muy importantes para el desarrollo de los países.
Lo primero es la calidad de las instituciones públicas y la calidad de las políticas públicas.
Para no argumentar, voy a dar dos ejemplos: en el año 1950 Corea era un solo país, y la parte más rica estaba en el norte. Se dividió en dos países, con distintas políticas públicas, con distintas instituciones. Hoy día una Corea, Corea del Norte, tiene un ingreso per cápita inferior a 1.000 dólares; y Corea del Sur tiene un ingreso per cápita de 40.000 dólares. El mismo país, el mismo pueblo, la misma historia, dos sistemas distintos de instituciones y de políticas públicas.
Y el otro ejemplo elocuente es Alemania. Alemania era un solo país antes de la Segunda Guerra Mundial, se dividió en dos y se dio nuevamente la prueba fehaciente de que las instituciones y la calidad de las políticas públicas sí importan y hacen la diferencia.
Por lo tanto, ese es un primer tema central en el desarrollo de cualquier país y especialmente en Chile, que aspira a ser un país desarrollado y sin pobreza, antes que termine la próxima década.
Y lo segundo, es que la corrupción, el abuso, la incompetencia de los funcionarios públicos produce un daño gigantesco en los países. Podría llenarlos de ejemplos, y tal vez podríamos mirar más cerca para encontrar buenos ejemplos de cómo ese camino, cuando la corrupción, la incompetencia, la irresponsabilidad, la demagogia, el populismo, se apoderan de los países, también producen un daño gigantesco.
Y es por esa razón que estamos absolutamente comprometidos con enfrentar el tema de las instituciones y la calidad de las políticas públicas, y también enfrentar con mucha decisión el tema de la honestidad, el compromiso y la competencia de los funcionarios públicos.
Y esto lo tenemos que hacer porque, además, los indicadores internacionales muestran que hemos tenido retrocesos en esta materia. Estoy, por ejemplo, refiriéndome al ranking de la corrupción, en que nuestro país ha ido perdiendo posiciones relativas en el ranking mundial. Todavía estamos en los lugares altos de América Latina, pero estamos más bajos de donde estuvimos, y estamos más bajos de donde queremos estar.
Por esa razón hoy día, presentar la Agenda de Probidad es una gran satisfacción, pero, al mismo tiempo, una gran responsabilidad y obligación como Presidente de Chile.
La Agenda de Probidad y Transparencia se basa en tres ejes fundamentales:
Primero, una Ley de Transparencia 2.0. La Ley de Transparencia va a cumplir pronto 10 años en nuestro país, y recuerdo el gran aporte que hizo el senador Larraín, hoy ministro Larraín, hace 10 años, a que esa agenda viera la luz del Sol. Pero ha cumplido 10 años, y todos sabemos que 10 años no pasan en vano, a pesar de lo que dice el tango, 10 años requiere un ajuste.
Por eso, lo que queremos hacer hoy día es presentar una agenda o una Ley de Probidad y Transparencia, en que uno de los ejes va a ser una nueva Ley de Transparencia 2.0.
El segundo pilar de esta Agenda de Probidad y Transparencia es una Agenda Antiabuso, Anticorrupción.
Y el tercer pilar es una Agenda de Política de Datos Abiertos.
¿Qué significan estos tres ejes?
La integridad pública es fundamental -lo mencionábamos hace un momento- y por eso, lo que queremos es funcionarios públicos que sean honestos, que estén comprometidos, que sean capaces, y no queremos funcionarios públicos que lleguen a servirse a sí mismos, en base a pitutos o que crean que pueden hacer de operadores políticos dentro de la administración del Estado.
Pero además de eso, además de la integridad en el servicio público, queremos una Ley de Transparencia 2.0, porque la regla de oro en el servicio público es que el interés público, el bien común, siempre tiene que prevalecer sobre cualquier interés privado o bien particular. Esa es la regla de oro.
Pero para que la regla de oro no sea solamente un enunciado o una aspiración, se requiere una norma que le dé eficacia a esa regla de oro.
Y la norma o el mecanismo, el instrumento más poderoso para darle eficacia es la transparencia. Cuando las cosas se hacen bajo la luz del Sol, o cuando los funcionarios públicos saben que lo que hacen se va a conocer y los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen los funcionarios públicos que ellos eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos.
Y por esa razón, es muy importante que la transparencia sea un principio rector, ojalá en todas las actividades humanas, y especialmente en el sector público, protegiendo otros bienes, como por ejemplo, el derecho a los datos personales, por supuesto, o en algunos casos, la seguridad nacional. Pero esas son excepciones. La norma tiene que ser la transparencia, porque así funcionan mejor los países, y eso está absolutamente demostrado. No hay mejor policía que el alumbrado público; no hay mejor desinfectante que la luz solar.
Y, por tanto, éstos son los tres pilares de nuestra Agenda de Probidad y Transparencia, a la cual hoy día le vamos a dar un primer paso con la Agenda de Probidad.
Esta Agenda de Probidad y Transparencia se va a traducir en una serie de leyes -ésta es la primera ley que mandamos dentro de esta Agenda- y va a tener un grupo de trabajo técnico que va a permitirnos acompañar esta Agenda, que está integrado por la Secretaría General de la Presidencia, por el Ministerio de Justicia, por la Contraloría General de la República, por el Consejo de Defensa del Estado y por el Consejo de Transparencia, para darle un sentido de Estado a esta Agenda de Probidad y Transparencia 2.0, que tiene -como yo les decía- tres pilares muy importantes y fundamentales.
Por ejemplo, en materia de integridad pública. Está en el Congreso el proyecto que aumenta las penas al soborno y al cohecho. Es verdad, esas penas eran muy bajas en nuestra legislación, y eso generaba una señal equívoca, una invitación a la tentación y a veces también una garantía de impunidad.
Y, por tanto, el Gobierno ha presentado indicaciones que aumentan las penas del cohecho y el soborno en forma muy significativa, de forma tal de que todos los que sobornan, que están en el sector privado, o los que se dejan cohechar, que están en el sector público, tengan muy claro que la mano y la norma cambió, y cambió para hacer más severa la protección de la probidad y la transparencia en el Estado.
Y también vamos a enviar, a corto andar, un proyecto de ley, porque la probidad y la transparencia no es solamente para el Gobierno central, sabemos muy bien que en Chile tenemos Gobierno central, tenemos gobiernos regionales y tenemos gobiernos comunales, y hemos visto, en muchas ocasiones, que hay falta de probidad, falta de transparencia en los gobiernos comunales y en los gobiernos regionales. Y, por tanto, la Agenda de Probidad y Transparencia también va a tener un capítulo para que esta nueva actitud llegue también a los gobiernos comunales y a los gobiernos regionales.
Por otra parte, volviendo al proyecto que hoy día nos convoca, yo querría plantear con mucha claridad cuáles son los ejes fundamentales que nos van a motivar en este camino.
En primer lugar, el sentido de este proyecto de ley de Probidad es uno solo: queremos decirle “sí” al mérito, al compromiso y a la responsabilidad en la función pública, y queremos decirle “no” a la corrupción, al abuso y a la incompetencia en el servicio público.
Queremos decirle “sí” a los funcionarios públicos honestos, comprometidos y competentes; queremos decirles “no” a los funcionarios públicos que vienen a aprovecharse del sector público, a actuar como operadores políticos o simplemente a buscar beneficios personales. Ese es el principio central.
¿Cómo vamos a lograr esto?
Decíamos que la integridad, la calidad de las instituciones y la calidad de la política hace la diferencia en los países, y vimos ejemplos muy elocuentes. Y en una democracia moderna, esa legitimidad es fundamental, porque es el pilar en el cual se basa la legitimidad de la democracia, del Estado de Derecho y de la autoridad de los funcionarios públicos.
La actuación honesta de quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado, permite fortalecer la democracia, permite que los ciudadanos confíen en sus autoridades y permite crear un clima de mayor confianza.
Dentro de esta Agenda de Probidad y Transparencia, un capítulo central va a ser la modernización del Estado.
Hace un par de días, dimos a conocer una Agenda de Modernización del Estado y dentro de esa Agenda hay muchos capítulos: algunos tienen que ver con la tecnología, con el Estado Digital, con un Estado al servicio de los ciudadanos, pero también la probidad y la transparencia están como elementos centrales de la Agenda que estamos dando a anunciar hoy día.
En nuestro Programa de Gobierno, dejamos meridianamente claro que el fortalecimiento de la transparencia, de la probidad, de la rendición de cuentas, de la responsabilidad, era un aspecto central que íbamos a impulsar con mucha fuerza.
Y, de hecho, propusimos una serie de normas que están contenidas en nuestro Programa de Gobierno y que hoy día se traducen en el proyecto de ley que vamos a firmar y enviar al Congreso.
Este Proyecto de Ley es el primer paso en una Agenda mucho más amplia de probidad y transparencia que tiene tres pilares, como mencionaba hace un momento.
Y su objetivo central es regular de manera clara, transparente y eficaz el ingreso, la permanencia y la salida de los funcionarios públicos del sector del Estado.
En lo referente a las contrataciones, lo que buscamos es que todas las contrataciones se hagan en base al principio del concurso público, el mérito, el esfuerzo, y no el pituto o el amiguismo.
Y para eso estamos estableciendo reglas para todas las autoridades, desde el Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, alcaldes, que cuando contraten tengan que basarse en este principio.
Y estamos estableciendo, además, que cuando la contratación está relacionada con un pariente, que sea de 3° grado de consanguinidad o
2° de afinidad, esa contratación tenga que pasar por un filtro, que es un filtro de idoneidad y, por tanto, de la capacidad de la persona para garantizar que esa persona está siendo contratada por su capacidad y no por la relación de parentesco que pueda tener con un funcionario del Estado.
Y esa responsabilidad va a estar en el Servicio Civil, en la Alta Dirección Pública.
De esta manera, vamos a tener un mecanismo en que el mérito, la idoneidad, el compromiso y la responsabilidad van a estar en el primer lugar.
La modernización está relacionada con la contratación de parientes y, en este caso, vamos a establecer el fortalecimiento de todos los deberes de abstención y todas las inhabilidades que rigen para la Administración Pública, incluyendo aquellas que se refieren a la contratación de parientes.
Porque el hecho de ser parientes no debiera ser algo que juegue en contra, pero tampoco deber ser algo que juegue a favor. Tenemos que tener, en esta materia, igualdad de oportunidades.
Por eso, en materia de contratación, lo que se busca hacer es simplemente que el Presidente, los ministros, los subsecretarios, los jefes de servicios, tengan que pasar por un filtro independiente de su voluntad cuando están haciendo contrataciones que tienen relaciones con algunos de sus parientes.
Y, de esta forma, lo que vamos a lograr es que tengamos una mayor igualdad de oportunidades y un mejor criterio de selección de los funcionarios públicos.
Por otra parte, también estamos extendiendo normas de probidad y transparencia a otros organismos del Estado, como la Contraloría General de la República, en que se va a restringir la facultad de contratación sin restricciones, que tiene hoy día el Contralor General de la República, para que también ese servicio público se acoja a estas nuevas normas, más exigentes y más transparentes, en materia de ingreso, permanencia y salida del aparato del sector público.
El proyecto también contempla nuevas normas para el Congreso Nacional y en este sentido se va a prohibir el desempeño en la Cámara de Diputados o en el Senado, de personas que estén ligadas mediante matrimonio, acuerdo de unión civil o parentesco de consanguinidad hasta el 3° grado y de afinidad hasta 2° grado, de forma tal de también establecer en el Congreso este principio de transparencia, de mérito y de igualdad de oportunidades.
También el proyecto establece inhabilidades y, en este sentido, para desempeñarse como ministro, como subsecretario, como jefe de servicio, se va a establecer una inhabilidad a quienes hayan realizado lobby respecto del organismo al cual pretenden ingresar en los 12 meses anteriores a la fecha de ese presunto ingreso.
Y de esa manera, vamos a lograr que la actividad del lobby no signifique una ventaja al momento de ingresar a la Administración Pública.
Y, a la vez, para ingresar a la Administración del Estado, se establece también una inhabilidad para quienes hayan sido sancionados por infracciones a las normas de probidad, y especialmente a las normas de probidad que están directamente relacionadas con la institución en la cual la persona pretende trabajar.
Y vamos a establecer normas que regulan el post-empleo: no es solamente el ingreso, la permanencia, sino que también regular qué pasa cuando la persona deja el sector público. Y de este punto de vista, se propone que los ministros de Estado, los subsecretarios, los jefes superiores de servicio, no puedan prestar ningún servicio, ni adquirir participación en la propiedad de entidades que hayan sido sujetas de fiscalización en la institución en la cual esa persona se desempeñaba.
De esa manera, si una persona está fiscalizando una empresa desde el sector público, abandona el sector público, no va a poder -por un periodo de tiempo- trabajar en la empresa que él había fiscalizado.
Y eso evita no solamente todo tipo de sospechas, sino que también evita la tentación, porque muchas veces la transparencia no solamente corrige el acto una vez cometido; la transparencia, muchas veces, evita que el acto se cometa, y todos sabemos que siempre es mejor prevenir que curar.
El proyecto de ley también incluye normas de que los parlamentarios no puedan recibir remuneraciones, ni honorarios profesionales, de fuentes distintas a la dieta que reciben del Congreso. Y va a haber una excepción -que es tradicional en nuestra legislación- para las labores académicas con un determinado número de horas.
Y establece también que las asignaciones parlamentarias deben ser utilizadas en forma exclusiva en las tareas propias del ejercicio del cargo. Y eso va a permitir regular mejor el uso de las asignaciones.
Y yo estoy seguro que estas normas y estas medidas interpretan fielmente lo que los ciudadanos esperan de sus funcionarios públicos, de sus representantes electos en forma democrática y de todas aquellas personas que se dedican al servicio público.
Y, por otra parte, también en materia de asignaciones parlamentarias, para evitar todo tipo de sospechas, también se van a establecer estas normas restrictivas respecto a la contratación, por parte de parlamentarios, de parientes hasta cierto grado de relación.
Yo estoy convencido que con este proyecto estamos realmente recogiendo lo que la gente nos está pidiendo a gritos: de lograr recuperar un Estado que le dé plena garantía, terminar con este divorcio que existe entre los ciudadanos y la política, terminar con esta desconfianza con que muchos ciudadanos ven todo lo que tiene relación con el Estado.
Y no solamente con el Estado, porque la pérdida de la confianza de los ciudadanos se extiende hoy día a todas las instituciones: al Estado, a las Fuerzas Armadas, a Iglesia, a los sindicatos, incluso a la Asociación Nacional de Fútbol.
Y ésa es una tendencia que se ha venido produciendo y que es extraordinariamente dañina, porque puede ser “crónica de una muerte anunciada”.
Este proyecto lo que busca es ponerle término a las causas que generaron ese distanciamiento o esa desconfianza de los ciudadanos en el aparato público y poder recuperar esa confianza, porque eso significa que vamos a tener una democracia con mucho mayor legitimidad.
También el proyecto propone que los ex ministros de Estado, ex subsecretarios y ex jefes de servicios, no puedan realizar lobby o gestión de intereses durante 12 meses, ante la misma institución en la cual se desempeñaron.
Si una persona trabajó en una Superintendencia, deja Superintendencia, es evidente que tiene contactos, relaciones, amigos, conoce los procedimientos y, por tanto, se le da una ventaja, y yo conozco muchos casos en que la gente vende sus servicios, no en base a su calidad profesional o su capacidad, sino que en base a los contactos que ha logrado adquirir en una institución. Y eso también queremos terminarlo de raíz.
Y a su vez, los ex funcionarios de instituciones fiscalizadoras, y hasta el 3° nivel jerárquico de esas instituciones, tampoco podrán prestar servicios a entidades que estuvieron sujetas a su fiscalización.
En fin, éste es un conjunto de medidas, pero la lógica, el norte, la función esencial es que este proyecto va a enfrentar todos los problemas que hemos detectado en materia de probidad, de imparcialidad y de competencia en la Administración del Estado.
Pero al mismo tiempo, éste es el primer proyecto, porque ésta es una Agenda de Probidad y Transparencia, que va a tener un periodo de implementación a través de leyes, a través de reglamentos, a través de decretos.
Pero por sobre todo, requiere un cambio en la actitud, en la cultura, queremos desterrar la cultura del amiguismo, la cultura del pituto, la cultura del operador político, y reestablecer en plenitud la cultura del funcionario público de verdad: honesto, comprometido, competente y dedicado al servicio de los demás, y no al servicio de sí mismo.
Yo creo que con todas estas normas vamos a poder recuperar ese tiempo y esa confianza perdida, pero por supuesto vamos a requerir la colaboración del Congreso para aprobar estos proyectos de ley y de toda la ciudadanía.
No podemos tener un carabinero en cada esquina de nuestro país, pero sí podemos tener un ciudadano honesto en cada esquina de nuestro país. Y por eso también establecemos mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción, dando la protección que requieren, porque eso va a ser mucho más eficaces todas estas reglas.
Por eso termino diciendo que el Chile desarrollado, ese desarrollo integral, inclusivo y sustentable, que hemos planteado como la gran misión de nuestra generación, requiere un cambio profundo en nuestro Estado, y ese cambio profundo pasa por la modernización, la tecnología, pero también la probidad y la transparencia con que funciona nuestro Estado.
Yo espero que con esta iniciativa y con los proyectos de ley que forman parte de la Agenda de Probidad y Transparencia, tengamos un Estado como los chilenos necesitan, merecen y quieren tener.
Muchas gracias.
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