Presidente Piñera firma proyecto de ley Anti portonazos
11 JUN. 2018
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, firmó el proyecto de ley que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados.
Muy buenos días:Lo sabemos todos: la delincuencia y el narcotráfico angustian la vida de millones y millones de familias chilenas y destruyen las vidas de muchas familias chilenas.
Y por eso, un combate eficaz contra la delincuencia y el narcotráfico es la primera prioridad de nuestro Gobierno. Y para combatir con eficacia la delincuencia y el narcotráfico, se requiere la fuerza del músculo, pero también se requiere la inteligencia de la cabeza.
Sabemos que llegó el tiempo de poner orden en nuestra casa. Ya son demasiadas las muertes, la violencia desatada, las familias y ciudadanos aterrorizados, los policías agredidos o asesinados. Por eso, el mismo día en que asistí al funeral del cabo 1° Óscar Galindo, establecí con meridiana claridad que no solamente nuestro Gobierno, nuestra sociedad está en guerra contra la delincuencia y el narcotráfico, y todos sabemos que ésta es una guerra dura y difícil, porque al frente tenemos un enemigo cruel, implacable y poderoso, que no respeta a nada ni a nadie con tal de conseguir sus perversos objetivos.
También, quiero hoy día ratificar nuestra total y absoluta voluntad y convicción de perseguir sin descanso, sin cuartel y sin tregua a las bandas de delincuentes y a las pandillas que aterrorizan a nuestro país.
La delincuencia y el narcotráfico van evolucionando: ya son mucho más poderosas, sofisticadas, organizadas, financiadas, con armamento de guerra y, por tanto, requieren una respuesta mucho más eficaz que la que nuestra sociedad ha sido capaz de entregar hasta ahora.
Por eso -y agradezco el aporte de muchos alcaldes- hoy día damos un paso más, que no es el primero ni va a ser el último, para darle mayor eficacia y contundencia a la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, firmando el proyecto de “Ley Antiportonazo”, que es uno más, en una serie de proyectos, que nos van a permitir tener más herramientas, más instrumentos y más eficacia para devolverles a nuestros compatriotas lo que la delincuencia y el narcotráfico les han arrebatado: su derecho a vivir con mayor paz y con mayor seguridad.
Vivir con mayor paz y con mayor seguridad es una condición esencial para que podamos ejercer nuestra libertad, para que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida y para que podamos ejercer nuestros derechos. Cuando el temor invade nuestros hogares, cuando nos hace rehuir de los espacios públicos, nuestra libertad se atrofia y nuestros derechos se debilitan. Y ésa es una tendencia que hemos observado en los últimos años y que este Gobierno tiene la firme voluntad y propósito de revertir.
Asegurarles a nuestros compatriotas una vida con mayor paz y con mayor seguridad es, probablemente, la tarea más importante del Estado y, en consecuencia, del Gobierno que administra ese Estado, y es el sentido mismo de la vida en sociedad.
Y porque sabemos que es la demanda más urgente, más sentida de nuestros compatriotas, porque todos queremos vivir con mayor paz y con mayor seguridad, estamos hoy día comprometidos en una lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, que no solamente compete al Gobierno: es una lucha de toda la sociedad porque necesitamos unidad de la sociedad, de los policías, de los fiscales, de los jueces, de Gendarmería y del Gobierno para poder avanzar con mayor rapidez en esta dura batalla contra la delincuencia y el narcotráfico.
Éstas no son sólo palabras: el primer día de nuestro Gobierno dimos un paso importante para enfrentar la grave crisis de probidad y de liderazgo que afectaba a Carabineros de Chile y a su Alto Mando. Por ello, nombramos un nuevo general director y se produjo el reemplazo de 15 generales del Alto Mando.
También nos abocamos a reforzar y modernizar las políticas y procedimientos administrativos de Carabineros, para mejorar su transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos, pero con la misma fuerza a una profunda modernización operativa, que tiene que ver con sus políticas y procedimientos operacionales para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Y además entregamos nuevas herramientas e instrumentos como, por ejemplo, los más de 256 patrulleros que tuve la oportunidad de participar en su entrega o el hecho de que 2 mil 650 carabineros, que antes estaban cumpliendo labores administrativas, hoy día están en la calle protegiendo a la gente.
El principal mandato, encargo que les hemos hecho a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, es proteger a nuestros ciudadanos. Y para eso, Carabineros tiene que estar en la calle, previniendo y protegiendo; y la Policía de Investigaciones -como su nombre lo indica-, investigando los delitos, de forma que no queden en la impunidad y los delincuentes puedan ser juzgados y castigados, de acuerdo a nuestra legislación.
Además de eso, conformamos una mesa de trabajo para lograr un Gran Acuerdo Nacional por la Seguridad de nuestra ciudadanía, y estamos esperando -y con mucha esperanza- los resultados de esa mesa de trabajo de Unidad Nacional, y tiene nuestro firme compromiso que vamos a trabajar en implementar las propuestas que de allí surjan, con mucha fuerza y convicción.
El 25 de abril enviamos un proyecto de ley que crea el Sistema de Operación Policial (STOP), que es un instrumento que fue inaugurado, en una comisaría de La Florida -con la presencia del ministro del Interior y Seguridad Pública y este Presidente-, y que sin duda va a mejorar la inteligencia con la cual Carabineros de Chile puede combatir el delito y el narcotráfico.
Dimos comienzo -y con mucho éxito- a las rondas preventivas de Carabineros, en que decenas de miles de carabineros, sin ningún aviso previo, salen a hacer rondas de vigilancia y prevención. Y lo cierto es que las tres primeras rondas han sido muy exitosas: ha habido más de 12 mil personas sospechosas detenidas y miles de ellas tenían órdenes de detención y, por tanto, estaban eludiendo la acción de la justicia y seguían impunemente -muchas veces- cometiendo delitos; y hoy día esas personas no están en las calles cometiendo delito, están donde tienen que estar, respondiendo y haciéndose cargo ante la justicia de su responsabilidad.
Pero además de eso, a estas medidas, para devolverle a los chilenos su derecho a una vida con mayor paz y tranquilidad -y tal como lo anuncié en la Cuenta Pública del 1º de junio-, firmamos hoy día un proyecto para combatir con mayor eficacia los temidos “portonazos”, cuyo contenido voy a dar a conocer en algunos instantes más.
Pero hemos hecho muchas otras medidas, porque para combatir con eficacia a la delincuencia y el narcotráfico, tenemos que recurrir a todos los instrumentos y a todos los medios que estén al alcance de una democracia que respeta el debido proceso, pero que no es ingenua ni muestra ninguna debilidad frente a la delincuencia y el narcotráfico.
Establecimos la necesidad de fortalecer la Ley Penal Juvenil, de forma tal de establecer -en forma meridianamente clara- que la reincidencia va a ser un elemento agravante y, de esta manera, evitar que los delitos se cometan con total impunidad y, en consecuencia, las personas queden muy vulnerables.
Probablemente una ley de esta naturaleza habría evitado asesinatos como el que ocurrió con una señora de la comuna de La Reina, hecho por un delincuente joven que tenía más de 21 arrestos anteriores.
Además, necesitamos una mucho mejor coordinación entre las policías, los fiscales y los jueces. Y por estamos estudiando un proyecto de ley para que esto no sea solamente una iniciativa que pueda tomar el Gobierno o las propias policías, fiscalías y jueces, sino que sea un mandato de la ley.
Porque una mejor coordinación entre todos los que combaten la delincuencia y el narcotráfico, es fundamental. Esto es como una cadena, y todos sabemos que, si una cadena tiene un eslabón débil, toda la cadena se debilita, y que si los eslabones de la cadena no están unidos, la cadena simplemente no funciona.
Además, estamos empeñados en revivir, y con mucha fuerza, el Plan Frontera Norte Segura, porque sabemos que por nuestras fronteras del norte -y no solamente terrestres, sino que también ahora marítimas-, ingresan a Chile narcotraficantes, drogas, delincuentes, contrabando e inmigración ilegal. Y Chile tiene no solamente el derecho, tiene el deber de proteger mejor sus fronteras. Y por esa razón el Plan Frontera Norte Segura, busca evitar o disminuir el ingreso de ese tipo de males a nuestro país.
Aprecio y reconozco que la incautación de drogas en los primeros meses de este año ha batido todos los récords, lo cual puede deberse a dos posibles causas: una, que está ingresando más droga a nuestro país; u otra, que estamos siendo eficaces en poder detectar y, en consecuencia, combatir ese ingreso de droga. Además, la relación que existe entre la droga y la delincuencia es absolutamente evidente y está probada en múltiples estudios: muchos de los delitos se cometen bajo los efectos de la droga o para obtener recursos para poder seguir consumiendo droga.
Y, por tanto, el Plan Frontera Norte Seguro es parte de nuestra política de combate contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y, también, contra la inmigración ilegal.
También estamos preparando un proyecto para combatir, con mucho mayor rigor, lo que algunos llaman “incivilidades” o yo prefiero llamar “conductas antisociales” como, por ejemplo, el consumo de alcohol o drogas en las calles; las pinturas, rayados o grafitis, la vandalización de nuestros edificios públicos, de nuestros medios de transporte; el botar basura en lugares no autorizados; el daño o destrucción de nuestro mobiliario urbano y de las instalaciones en nuestras plazas y parques; el uso indebido de fuegos artificiales; el comercio ambulante; la venta clandestina de alcohol y muchas otras conductas antisociales que, cuando se toleran y se permiten, son un verdadero incentivo o invitación a pasar a delitos de mayor gravedad.
Y, por tanto, siguiendo los ejemplos exitosos como, por ejemplo, el ejemplo de tolerancia cero en la ciudad de Nueva York, estamos enviando un proyecto de ley que nos permita combatir con mayor eficacia estas incivilidades o conductas antisociales.
Además, estamos trabajando en una profunda modernización de la Ley de Inteligencia y también de la Ley de Control de Armas. Ya no son armas hechizas, domésticas, las que están siendo utilizadas por las bandas y pandillas, son armas modernas; verdadero armamento de guerra, muchas veces, comprados en las propias armerías, inicialmente, en forma legal pero después se desvían a usos ilegales o importadas en forma clandestina desde el exterior.
Y, por tanto, el perfeccionar y fortalecer la Ley de Control de Armas es uno de los pasos en esta lucha sin cuartel, sin pausa y sin ninguna vacilación contra la delincuencia.
Al igual como el revivir el Banco Unificado de Datos (BUD), que va a permitir compartir, a todas las fuerzas que combaten la delincuencia, la información relevante para que, cuando una persona sea detenida, la persona que lo detiene sepa exactamente todas las causas pendientes que ese delincuente puede tener.
Volviendo al proyecto de “Ley Antiportonazo”, este proyecto establece modificaciones al Código Penal. En primer lugar, se asigna una penalidad significativamente mayor y que alcanza al grado de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, 5 años y un día, hasta 10 años, y también a multas mucho más significativas a quienes hacen la receptación de los vehículos motorizados, en caso que éstos hubieran sido apropiados mediante el uso de la violencia y que esta circunstancia sea conocida o deba ser conocida, por qué nace esa receptación.
Este conocimiento podrá establecerse a través de múltiples mecanismos que establece nuestra legislación como, por ejemplo, testimonios de terceros, denuncias previas, publicación en registros oficiales de libre acceso al público, huellas de violencia en el vehículo y otras más.
De esta forma, el proyecto también mandata la creación de un Registro Público de Vehículos Motorizados que hubieren sido objeto de robo o hurto, al que podrá acceder la ciudadanía, a través de la página web de Carabineros de Chile y a través de una plataforma virtual dispuesta especialmente para ello, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este registro va a constituir un antecedente para poder acreditar la aplicación de la figura agravada de receptación de un vehículo, en cuya apropiación se hubiere utilizado violencia o intimidación.
El aumento de la penalidad propuesto hace que este delito alcance el estatus de crimen, lo que deja al condenado fuera del beneficio de penas sustitutivas y se equipara al tramo inferior del delito de robo con violencia o intimidación. Y, además, incorpora una disposición que califica como robo, y no solamente hurto, la apropiación de material de un vehículo motorizado, no mediando violencia o intimidación, cuando se haga mediante sorpresa o valiéndose de la distracción de la víctima al momento en que ésta se apreste a ingresar a su hogar o hacer abandono de su domicilio, asignándole a este delito una pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, de 3 años y un día, hasta 5 años.
Junto a ello, estas nuevas figuras penales entregan a la víctima la posibilidad de ser beneficiaria de la presunción de legítima defensa privilegiada.
Estas disposiciones imponen serias restricciones para acceder a penas sustitutivas y amplía el término en que el condenado al delito podrá solicitar el beneficio de la libertad condicional.
Y, al mismo tiempo, el proyecto establece como hipótesis de intimidación la fractura o quiebre de los vidrios de vehículos motorizados realizados con la finalidad de apropiarse u obtener su entrega o la de bienes al interior de éste, siempre que existan personas al interior de los vehículos y sanciona la apropiación de bienes que se encuentren al interior de vehículos motorizados, mediante la fractura de vidrios, como si fuera un robo con fuerza, es decir, con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.
Este proyecto de ley, en conjunto con todas las medidas que ya hemos tomado, los proyectos de ley que hemos enviado y los proyectos de ley que están en pleno estudio para ser enviados en el futuro, nos van a permitir definitivamente un cambio en la tendencia en materia de delincuencia y de narcotráfico en nuestro país.
Todos sabemos que esos delitos se están incrementando y, por tanto, llegó el momento, llegó el tiempo, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance: e insisto, todo lo que esté a nuestro alcance como Gobierno y con la colaboración de muchas instituciones -la ciudadanía, los municipios, Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, los jueces, los parlamentarios- para que en nuestro país, de una vez por todas, pongamos una mano firme y fuerte para combatir con eficacia la delincuencia y no permitir que unos pocos delincuentes le arrebaten a la inmensa mayoría de las familias chilenas su derecho a vivir con mayor paz y con tranquilidad.
Cuando uno analiza la trágica experiencia de otros países, que empezaron con situaciones equivalentes a las nuestras y que, por no tomar las medidas con la fuerza, la voluntad, el coraje y la unidad, a tiempo, terminaron prácticamente destruyendo la libertad y socavando gravemente las bases de sus propias democracias y de su Estado de derecho.
Y es por eso que esta lucha es mucho más que la lucha del Gobierno contra la delincuencia y el narcotráfico; es la lucha de toda una sociedad que, desde hace mucho tiempo, clama para poder unir fuerzas y también para aplicar con mayor rigor y con mayor voluntad nuestra legislación, endureciéndola cuando sea necesario, para que los delincuentes no sigan operando con la impunidad con que lo hacen hoy día, lo cual prácticamente, no solamente produce un daño directo a las familias directamente afectadas, sino que produce una sensación de temor en prácticamente todas las familias de nuestro país.
Y quiero decirlo con todas sus letras: en esta batalla sin cuartel, sin tregua, utilizando todos los instrumentos de la ley y aplicando toda la fuerza de la voluntad, nuestro Gobierno está cien por ciento comprometido porque, al fin y al cabo, una sociedad que se rinde o que muestra complacencia, debilidad o ambigüedad frente al narcotráfico o frente a la delincuencia y al crimen organizado, es una sociedad que está cavando su propia tumba.
Por esa razón, yo quisiera hacer un llamado a todos mis compatriotas, todos podemos colaborar. Es verdad, no podemos tener un policía en cada esquina de nuestro país, pero sí podemos tener un ciudadano atento, alerta y vigilante en todas las esquinas de nuestro país, que colabore con información. Y hemos creado los mecanismos para que esa información pueda ser entregada en forma segura y anónima.
Porque éste no es un combate entre el Gobierno y la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado y también debiéramos agregar a esto el terrorismo. Y por eso le pido al Congreso de nuestro país que apure la tramitación del proyecto de ley que fortalece las atribuciones de nuestras policías para combatir el terrorismo, porque una democracia no sólo tiene el derecho, tiene el deber de protegerse -y en forma eficaz- frente al terrorismo, la delincuencia y el narcotráfico.
Yo estoy seguro que esta actitud del Gobierno interpreta fielmente lo que es la voluntad y la urgencia de nuestros ciudadanos que, hasta hoy día, ven cómo la delincuencia avanza y la seguridad retrocede. Yo quiero comprometerme como Presidente de todos los chilenos que, durante nuestro Gobierno, la delincuencia va a retroceder y la paz, la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias va a avanzar.
Muchas gracias.
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