El Presidente de la República firmó esta mañana la promulgación de la nueva ley, junto con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.

“Lo que estamos haciendo es parte de nuestra tarea como Estado, promulgar una nueva ley en materia de seguridad para Chile que ha sido parte del Fast Track Legislativo que hemos priorizado en conjunto con el Congreso, las diferentes fuerzas políticas para el presente año y el 2025”, aseguró el Presidente Gabriel Boric en la ceremonia. Y agregó: “Estamos modificando el Código Penal y el Código Procesal Penal, entregando mejores herramientas para una persecución penal más eficiente, con especial énfasis en castigar y en prevenir la reincidencia de delitos”. 

Esta nueva ley mejorará la persecución del crimen organizado, con nuevas herramientas como la ampliación de las técnicas especiales de investigación, como la interceptación y grabación de comunicaciones de organizaciones delictuales. 

Además, en caso de juicios orales complejos, se incorporan reglas para su agilización y producción de pruebas, con la finalidad de terminar con la dilación de la impartición de justicia en este tipo de causas. 

En esa línea, el Presidente de la República agregó: “Se agrega un estatuto que regula la cooperación eficaz incentivando a los imputados a cooperar. Incorpora normas que regulan expresamente lo que pueden hacer los tribunales en caso de droga. Una de las cosas que estamos trabajando también es mejorar y hacer más eficiente la destrucción de la droga que se decomisa”. 

Esta reforma, según explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, es histórica en nuestro sistema penal. "Es una de las reformas más significativas, ve entre otras materias, la seguridad de los intervinientes, tanto de fiscales, jueces como defensores, pero además de eso, permite una persecución penal eficaz, tratando de reducir tiempos, especialmente en el caso de la tramitación de juicios, la incorporación de pruebas y, particularmente, la incorporación de prueba documental al mismo".

La reforma también incluye cambios en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, añadiendo a Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos decomisados.