El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó este martes un decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a colaborar en el control del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en el norte del país.
 
Se trata de la modificación del decreto 265 firmado por el Jefe de Estado en 2019, que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera en materia de narcotráfico y crimen organizado y que, a partir de ahora, amplía su objeto y permite el control del ingreso ilegal por pasos no habilitados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
 
En una actividad realizada este martes en el Regimiento del Ejército Nº1 Buin, el Jefe de Estado anunció la iniciativa, cuyo objetivo es disponer la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales en las áreas de logística, transporte y tecnología en zonas fronterizas del territorio nacional.
 
La colaboración debe estar sometida a la decisión política que corresponde al Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Defensa, quedando las Fuerzas Armadas en todo momento sometidas a la autoridad civil.
 
“El objetivo es tener las puertas abiertas, y acoger a la inmigración legal de aquellos que vienen a Chile cumpliendo con nuestras leyes y a aportar al desarrollo de nuestro país. Pero, al mismo tiempo, combatir la inmigración ilegal de aquellos que pretenden entrar a nuestro país sin cumplir con nuestras leyes y sin contribuir al desarrollo de Chile”, dijo el Presidente, en una ceremonia en la que estuvo acompañado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; y de Defensa, Baldo Prokurica; y representantes de las fuerzas de seguridad.
 
Una expresión del ingreso ilegal es el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, esto es, cuando terceros facilitan o promueven la entrada ilegal al país, con el ánimo de lucrar. Según cifras de la PDI, el número de imputados por este delito, incorporado al Código Penal durante el primer mandato del Presidente Piñera, aumentó en más de un 25% entre el 2019 y el 2020. Generalmente, esta clase de delitos implica que los migrantes son sometidos a condiciones inhumanas y ponen en riesgo sus vidas para ingresar ilegalmente al país.
 
El Presidente presentó en 2018 una reforma migratoria para asegurar una entrada ordenada, legal y segura de extranjeros en el país. La iniciativa busca acoger y dar un trato justo y humano a los migrantes regulares, combate el tráfico de migrantes y establece acciones eficientes y seguras para luchar contra el ingreso clandestino al país, impidiendo, además, que personas con antecedentes penales en sus respectivos países entren a Chile.
 
Adicionalmente, esta reforma crea una institucionalidad nueva, para lo cual se establece un Consejo de Política Migratoria, cuya tarea será estar permanentemente evaluando y proponiendo mejorías a una política migratoria, para que ésta sea clara, transparente y así abordar temas de educación, salud, vivienda y trabajo.
 
“De esta forma estamos avanzando para terminar con el desorden migratorio, para proteger mejor nuestras fronteras, para poner orden en nuestra casa y para tener una política migratoria que favorezca la inmigración regular y combata la inmigración ilegal para poder proteger la seguridad y la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país”, concluyó el Presidente.
 
Una vez que se promulgue la nueva ley de Migraciones, el Estado contará con nuevas herramientas para enfrentar el ingreso clandestino, facilitando la expulsión administrativa para desincentivar el uso de pasos no habilitados, y, además, contando con Direcciones Regionales, y permitiendo mejorar la coordinación con la sociedad civil, organizaciones, municipalidades y gobiernos regionales para tener una mirada integral sobre la migración.