Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza ceremonia de entrega del Informe de la Comisión para Relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado
28 AGO. 2023
S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza ceremonia de entrega del Informe de la Comisión para Relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado.
Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes.Me gustaría comenzar citando un párrafo de la carta que me acaban de entregar los comisionados:
“Dentro del plazo indicado ponemos a su disposición el informe de la comisión que, pensamos, aborda de mejor modo posible, en el constreñido plazo que tuvimos, todos los aspectos de la legítima y directa preocupación que ha despertado en usted -yo agregaría en la sociedad entera- los hechos que involucran transferencias de sumas relevantes de dineros estatales a entidades que, bajo el carácter de personas jurídicas sin fines de lucro han podido, eventualmente, apartarse del fin perseguido, lo que hoy es materia de escrutinio administrativo y penal, y con ello, de paso -esto es lo más importante- fragilizar la confianza de los ciudadanos en el rol clave que juega la sociedad civil en la realización de un mejor país”.
La creación de esta comisión nace no sólo como una respuesta a la contingencia que era necesaria abordar, sino también de una convicción muy profunda, de la importancia que tiene la sociedad civil en la construcción de una sociedad más cohesionada. Y, por lo tanto, el cómo mejoramos la relación entre esa sociedad civil y el Estado, elevando los estándares y reaccionando oportunamente ante situaciones como las que hemos conocido en los últimos meses, pero sin perder de vista que sin la sociedad civil organizada no es posible construir, desde nuestro punto de vista, una sociedad mejor.
Quiero saludar y agradecer profundamente a quienes integraron la Comisión Asesora Ministerial para regular la Relación entre las Instituciones Sin Fines de Lucro y el Estado porque realizaron -como hemos podido ver- un trabajo dedicado y riguroso en poco tiempo. Generaron un informe que tiene valiosas recomendaciones, que no se termina solamente hoy con su presentación, sino que nos vamos a encargar, en conjunto con el ministro Elizalde y con toda la administración del Estado -la directora de Presupuesto Javiera Martínez, el ministro de Hacienda Mario Marcel, con todos nuestros colaboradores-, de poner en ejecución.
Felicito a María Jaraquemada, presidenta de la comisión. Me alegra pensar cómo en el futuro, seguramente, se va a hablar de la Comisión Jaraquemada respecto a estas cuestiones tan importantes. Como se habla de la Comisión Marcel o la Comisión Engel, hoy va a llevar tu nombre este trabajo que entre los cinco realizaron de tan buena manera: Ramiro Mendoza, Jeannette Von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval, Francisco Agüero y, también, por cierto, a Valeria Lübbert en su rol de secretaria ejecutiva, que ustedes también han destacado.
La manera profesional con que se ha realizado el cometido de esta comisión habla muy bien no solamente de su propio compromiso y vocación de servicio público, sino creo también de algo muy valioso de la sociedad chilena: que logramos en momentos de crisis convocar a personalidades que son transversales, que generan confianza en los diferentes sectores de la sociedad, que a su vez no se agotan en sí mismos, sino que -como usted misma contaba- se reunieron con más de 42 personas o instituciones y generan un informe que nos permite reaccionar de manera firme ante la gravedad de los casos que hemos visto.
El fundamento de esta comisión, lo que está detrás de la preocupación de nuestro Gobierno, es combatir la corrupción y, sobre todo, cuidar la democracia y sus instituciones porque cuando prevalecen los intereses privados allá donde debiera primar el interés común de nuestra patria, se desvirtúa la función pública, se erosiona la confianza de las instituciones y, finalmente, la política que es ese oficio de ponernos de acuerdo entre quienes pensamos distinto, pensando y trabajando por un futuro mejor, se ve profundamente debilitada.
Si las personas desconfían de las instituciones con motivos fundados, se dañan no solamente esas instituciones, sino la convivencia y la cohesión social. Y cada peso que se desvía a otros intereses significa, además, reducir la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía.
Por eso, el fomentar, alimentar una cultura de probidad en el Estado debe ser un trabajo permanente y constante. Como hemos advertido también, a propósito del caso de las emergencias por las lluvias en la zona centro-sur de nuestro país, tenemos varios desafíos que equilibrar: cómo elevamos los estándares, mejoramos la transparencia y, a la vez, mejoramos la eficiencia en el accionar del Estado y no generamos normas en las cuales vayamos, por un lado, generando mayores exigencias, que a la vez limiten o tranquen la efectividad de la acción del Estado. Ese es un desafío que es muy complejo, pero que tenemos que ser capaces de abordar también.
Ahora, las acciones que dieron paso o que generaron esta preocupación están siendo investigadas y no me cabe ninguna duda que, con el buen funcionamiento de las instituciones, se va a llegar al fondo. Se debe sancionar con rigurosidad a quienes han sido responsables de ellas, sean del color político que sean: sean del Gobierno Central o de Gobiernos Regionales, sean de este Gobierno o de gobiernos anteriores.
Actos impropios o derechamente corruptos no siempre pueden evitarse, pero la forma en cómo reaccionamos sí puede hacer la diferencia. Y como Gobierno creo que hemos actuado de manera enérgica para enfrentar estas situaciones. Lo mencionaba, de hecho, la presidenta de la comisión cuando hacía referencia a tres leyes que hemos promulgado, en conjunto con el Parlamento, en nuestro rol de colegislador, en los últimos meses: la Ley de Beneficiarios Finales, la Ley de Protección al Denunciante y la Ley de Delitos Económicos que nace de iniciativa parlamentaria, hace cerca de cuatro años.
Además, hemos iniciado sumarios, hemos hecho valer responsabilidades políticas, como corresponde, y dispuesto siempre la información requerida por las instituciones investigadoras.
Además, enviamos a través del Ministerio de Hacienda un instructivo para asegurar que no haya espacios para sacar provechos particulares en convenios suscritos por instituciones con los gobiernos regionales, los municipios o con cualquier otro organismo público. Entre estas se cuentan, por ejemplo, la prohibición de fraccionar un convenio para saltarse las regulaciones y la obligación de usar el Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría por parte de estas organizaciones.
Reitero algo que hemos señalado desde un comienzo: no corresponde poner las manos al fuego por todo el mundo, por muy de confianza que estas personas puedan ser, pero es bueno que sepan todos que allí donde identifiquemos hechos que están reñidos con la fe pública, revistan el carácter que revistan, según la investigación de la justicia o los organismos correspondientes, estas personas van a ser identificadas y sancionadas como corresponde.
Además, creo que es importante que esto también aplica a contrario sensu porque las investigaciones pueden dar cuenta de que se cometieron o no se cometieron actos ilícitos. Y, muchas veces, se hacen acusaciones sin fundamento, incluso, imputaciones de delitos que tienen que tener la seriedad para, en estos casos, no meter a todos en el mismo saco. Tenemos que ser muy duros, muy rigurosos, muy estrictos con quienes cometen irregularidades, con quienes dañan la confianza de la ciudadanía en las instituciones, pero, a su vez, para poder lograr ese objetivo, no se puede sencillamente pretender disparar a la bandada, independiente del color político, porque eso también termina dañando nuestra democracia y abriéndole paso a los populismos.
Chilenas y chilenos:
Haber convocado a esta comisión y recibir hoy sus propuestas significa que nos estamos haciendo cargo en conjunto, como Estado, de fortalecer la capacidad del Estado de prevenir y combatir la corrupción porque por mucho tiempo se instaló una suerte de inercia que permitía o iba reproduciendo algunas malas prácticas, discrecionalidades y abusos.
Como Gobierno recibimos estas recomendaciones con mucha responsabilidad. Varias de ellas, como comentaba antes, coinciden con el trabajo que ya veníamos desarrollando como la creación del Registro de Beneficiarios Finales, y, en el corto plazo, vamos a presentar al país y al Congreso el camino para materializar estas propuestas y esperamos contar con apoyos transversales para profundizar la probidad y transparencia.
Eso es muy importante porque el camino no termina acá. Esta comisión no fue pensada para sacarnos la foto hoy y utilizar el buen prestigio de quienes la componen para tratar de desviar la atención sobre el tema, sino que queremos realmente enfrentar, con decisión, una modernización de la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro.
Por lo tanto, las 46 medidas que proponen, 45 más una última de seguimiento a esta, vamos a presentar su implementación y es importante que, desde la prensa, desde sus diferentes sectores de la sociedad civil se le dé seguimiento y se nos exija como Gobierno.
Seguimos así en el camino que ya se ha trazado en gobiernos anteriores para establecer normas, sanciones y procedimientos que robustezcan la integridad pública y la transparencia.
Ahora, una reflexión final que, yo diría, es propia de nuestra tradición política. Si hoy decidimos aumentar las regulaciones, subir los estándares, hacer más estrictos los procedimientos no es para inhibir la participación de la sociedad civil, sino para hacerla más robusta e incidente. Es importante no estigmatizar injustamente a muchas fundaciones que hacen un trabajo serio y responsable porque, como decía María Jaraquemada, por un puñado de casos no se puede juzgar a todo el mundo.
Hoy están siendo investigadas 53 organizaciones de las más de 300 mil que están inscritas en el Registro de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro.
Soy de los que piensan, como Presidente de la República, que el Estado tiene que recuperar funciones que paulatinamente ha ido perdiendo, fortalecer su musculatura, pero también es cierto que, para llegar con más eficiencia a las comunidades, con más cercanía y empatía, es mucho mejor, en ocasiones, apoyarse en organizaciones de la sociedad civil.
Qué importante ese dato que daba María Jaraquemada donde más del 40% de los chilenos y chilenas han participado, en algún momento, de una organización de la sociedad civil.
No todo tiene que pasar por el Estado o por el mercado, hay un amplio ámbito de problemas y soluciones que pueden lograrse mejor a través de una sociedad civil bien organizada, activa, fiscalizadora y colaboradora.
Creo que esta Agenda de Probidad y Modernización del Estado tiene que ser una política de Estado que vaya más allá de nuestro Gobierno, porque construir un Estado que sea eficiente y probo, fortalecer una alianza entre éste y la sociedad civil debe ser un propósito que nos una y no un lugar de confrontación en donde se busquen sacar réditos políticos de corto plazo. Frente a estos objetivos espero que no existan mayores diferencias, sino un gran acuerdo país.
Ustedes, integrantes de la comisión, han realizado una gran contribución hoy y se los agradezco en nombre de todos los chilenos y chilenas.
Muchísimas gracias.
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