Promulgación Ley N°21.057 que establece un sistema de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos

9 ENE 2018
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S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulga Ley N°21.057 que establece un sistema de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos. En este sentido, los registros podrán ser utilizados las veces que sea necesario por fiscales y jueces, evitando que la víctima menor de edad deba comparecer en dos o más ocasiones, como ocurre hoy.

Amigas y amigos:
 
Hoy día nos reúne una muy buena noticia; un tremendo avance en materia de derechos para los niños, niñas y adolescentes; un paso clave para contar con un sistema judicial que vele y resguarde efectivamente sus derechos.
 
Creo que es un día importante para los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos graves. Lo es también para sus familias y para quienes defienden sus derechos desde la sociedad civil. Y también para el Estado que, en su conjunto, concuerda la mejor manera de evitar la victimización secundaria a la que se ven expuestos de manera permanente niños, niñas y adolescentes en nuestro sistema judicial. 
 
Todos estamos de acuerdo que, para un niño, niña o adolescente, ser víctima de un delito grave es ya una experiencia suficientemente traumática como para que además, se vean sometidos a un proceso penal que pueda resultar igual o más negativo que el hecho injusto y traumático que han sufrido.
 
La victimización secundaria se produce por la multiplicidad de declaraciones, tomadas por diversas personas, desde el carabinero que recibe la denuncia, el funcionario que le toma la declaración en el cuartel o en las dependencias de la Fiscalía, el médico encargado de constatar lesiones, los psicólogos que evalúan el daño ocasionado y el fiscal y la defensa que formulan preguntas durante el juicio oral. Es decir, un circuito donde el niño, niña o adolescente debe repetir y repetir la experiencia traumática, sin que ello siquiera garantice mayor éxito en el proceso investigativo o judicial.  
 
Este proyecto es una respuesta concreta a esta situación que unánimemente como sociedad consideramos inaceptable y donde como Estado en su conjunto buscamos revertir.
 
Así, a partir de la implementación de esta iniciativa, los niños, niñas y adolescentes víctimas, al momento de prestar declaración, solamente tendrán contacto con personas especialmente capacitadas para ello y en espacios acondicionados que garanticen su privacidad e intimidad.
 
Y para ello, esta ley aborda dos etapas centrales del proceso judicial: la entrevista investigativa y la declaración judicial.
 
En el caso de la entrevista investigativa, ésta será realizada por un entrevistador designado por el fiscal, en un espacio físico especialmente acondicionado para ello. Y el objetivo es recabar la mayor cantidad de antecedentes para poder llevar adelante una investigación penal exitosa. Esta entrevista reemplazará las múltiples declaraciones que se le tomaban al niño, niña o adolescente durante la investigación.
 
Así, no sólo avanzamos en que en la etapa de investigación el niño, niña o adolescente declare una sola vez, sino que, además, una buena entrevista investigativa puede ser una herramienta muy relevante para que se haga justicia en este tipo de delitos.
 
Respecto de la declaración judicial -es decir, el momento en que la víctima expondrá su testimonio ante el tribunal- el sistema propuesto contempla que el niño, niña o adolescente preste su declaración en una sala distinta de aquella en que se encuentran los intervinientes. Estará sólo con su intermediario, quien le formulará las preguntas solicitadas en la sala, de una manera adecuada.
 
Así, contamos con una herramienta que cautela y pondera cuidadosamente los derechos de la defensa, pero protegiendo y asegurando la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
 
Además, la ley establece que las personas que desempeñarán funciones de entrevistador y también intermediario judicial deberán contar con una formación especializada y estar acreditados en un registro especial, que será administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
 
Adicional a este sistema de entrevista investigativa y declaración judicial, la ley contempla otras medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves. Como, por ejemplo, se habilita al juez de garantía para decretar medidas antes de la formalización de la investigación, tendientes a proteger la integridad física de la víctima, tales como prohibición del agresor de acercarse a ella, o la obligación del agresor de hacer abandono del lugar común.
 
Considerando la importancia de esta ley, y los esfuerzos que ello significa, se ha propuesto una entrada en vigencia gradual, siguiendo el modelo utilizado para la reforma procesal penal. Resulta imprescindible otorgar al nuevo sistema un tiempo suficiente para efectos de poder detectar aquellos errores que surjan, corregirlos y aprender de los mismos.
 
Porque hoy damos un paso importante y es deber del Estado procurar que la implementación sea la correcta, velando siempre por el bienestar y la protección de las víctimas.
 
Amigas y amigos:
 
Con la promulgación de esta ley damos, yo diría, un paso más en materia de protección de infancia, velando por el grupo más vulnerable de niños, niñas y adolescentes, aquellos que han sido víctimas de delitos graves, aquellos que necesitan toda nuestra ayuda y merecen toda nuestra atención.
 
Ésta es la línea de trabajo que hemos desarrollado como Gobierno, generando un conjunto de reformas que apunten a fortalecer el rol del Estado en la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia.
 
Así, pronto promulgaremos el proyecto que crea el Defensor de la Niñez.  A lo que se suma la creación de la Subsecretaría y el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez que avanzan en su tramitación legislativa.
 
Quiero aprovechar también de agradecer muy especialmente a todos quienes han hecho posible contar hoy con esta ley, y en particular a las organizaciones de familiares y de la sociedad civil, como la Fundación Amparo y Justicia y la ONG No más Abusos, por su incansable labor por defender y por visibilizar esta dura realidad que deben vivir miles de niños, niñas y adolescentes.
 
Hace un tiempo dije como Presidenta de Chile que el Estado le había fallado a los niños y adolescentes que estaban a su cuidado, desde hace años. Y reconocimos esta deuda porque el Gobierno que preside tiene un compromiso con la verdad, la transparencia y la necesidad de cambiar las cosas para hacerlas mejor.
 
Y la justicia chilena está investigando, el Gobierno ha colaborado en todo lo necesario; hemos propuesto cambios de fondo, lo que incluye mejorar las leyes, elevar el presupuesto para su atención, pero sobre todo enfrentar un tema ignorado por la sociedad chilena por décadas.
 
Respetar a los niños, niñas y adolescentes, creer en sus declaraciones, apoyarlos a ellos como víctimas y no hacer defensas corporativas de las instituciones es, sin duda, un desafío a nivel mundial.
 
Pero estoy segura que en conjunto seguiremos dados pasos certeros y concretos para seguir protegiendo y velando por los derechos de los más pequeños, respondiendo a tiempo, actuando con decisión. Lo hacemos por ellos, lo hacemos por la justicia, lo hacemos por Chile.
 
Muchas gracias.