El Presidente de la República, Gabriel Boric; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, firmaron hoy el decreto que transforma el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia en una política pública permanente, en una ceremonia realizada en la Plaza de la Constitución, con participación de representantes de los tres poderes del Estado, de la sociedad civil y de familiares de las víctimas de desaparición forzada.

“Con esta política pública que es permanente, nos hacemos cargo como Estado, no sólo como Gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de los que nos han dicho que es posible, para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”, afirmó el Mandatario durante sus palabras.

“Por eso, lo que estamos haciendo hoy, es un gesto de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso de la vida y la dignidad humana es conocer toda la verdad”, agregó el Presidente de la República.

En el acto se puso énfasis que esta es la primera vez que el Estado asume intersectorial y coordinadamente el esfuerzo de esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino de las personas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del país y los estándares internacionales.

Lo anterior ha significado que, de 1.469 víctimas de desaparición forzada, sólo se haya podido hallar, identificar y entregar a sus familiares a 307 personas. Esto significa que aún falta por ubicar a 1.162 personas.

El Ministro Cordero reconoció que “en Chile no hemos hecho todo lo que debíamos hacer para saber dónde están. El Estado ha mostrado un alto grado de indolencia. Hoy estamos haciéndonos cargo de esa falta de responsabilidad y de empatía con tantas familias que han sufrido y siguen sufriendo, día a día, esa desidia del Estado. Tenemos que hacer todo lo posible, poner los recursos, usar los avances tecnológicos y la capacidad de los profesionales en las más diversas áreas para encontrar a las 1.162 personas que nos faltan”.

La autoridad, bajo cuyo Ministerio recae la dirección del trabajo del Plan de Búsqueda –a través del Programa de Derechos Humanos– señaló que “hay personas que tienen información sobre lo ocurrido y no la han entregado. Es tiempo que den ese paso y contribuyan a sanar las heridas que siguen abiertas”.

La preparación del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia se realizó durante un año y para su validación se ha contado con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes. Antes de la firma presidencial fue aprobado por el Comité Interministerial de Derechos Humanos.

Sobre el Plan Nacional de Búsqueda

El Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia tiene tres objetivos específicos:

• Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero;

• Garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada;

• Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada. De estos propósitos se desprenden 8 metas, 23 acciones y 46 actividades, con sus respectivos responsables y colaboradores.